Proponen considerar embarazo en niñas como violencia sexual en el Edomex
Frente al aumento de embarazos en niñas menores de 15 años, la diputada Paola Jiménez Hernández (Morena) impulsa una propuesta para que todas las autoridades educativas, sanitarias y administrativas reporten estos casos al Ministerio Público como posibles hechos de violencia sexual. La iniciativa establece sanciones de hasta 30 años de prisión para quienes incumplan esta obligación, reforzando la responsabilidad legal en la protección de la infancia.
¿Qué busca la educación integral en sexualidad?
La propuesta plantea garantizar educación integral en sexualidad en todos los niveles escolares, con enfoque en derechos humanos, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Entre las acciones principales se encuentran:
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Capacitación del personal docente y administrativo en prevención de abuso sexual.
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Creación de materiales pedagógicos adecuados a cada nivel educativo.
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Protocolos claros para detectar y atender casos de violencia sexual.
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Prevención y supervisión de riesgos en entornos digitales.
Estas medidas buscan brindar a las niñas y adolescentes información, protección y herramientas para prevenir situaciones de riesgo.
¿Cómo se protege a las víctimas de violencia sexual?
Se asegura que las niñas y adolescentes reciban atención integral, confidencial y especializada, que incluya:
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Servicios médicos completos y seguimiento de salud.
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Apoyo psicológico continuo.
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Acompañamiento legal y protección jurídica.
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Participación de madres, padres o tutores en la protección.
El objetivo es garantizar la seguridad física, emocional y legal de las víctimas, evitando su revictimización.
¿Qué revelan las cifras de violencia infantil en el Estado de México?
En 2024, se registraron 1,628 víctimas de violencia sexual infantil, más del 92% niñas. Asimismo, se reportaron más de 56 mil embarazos de menores de 16 años, incluyendo 1,652 niñas de entre 10 y 13 años. Estos datos muestran la urgencia de aplicar medidas preventivas y de atención inmediata.
¿Cómo se coordinan las autoridades para prevenir y atender estos casos?
La iniciativa fortalece la coordinación entre la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de Justicia, el sistema educativo y el sector salud, garantizando actuación inmediata, prevención de nuevos incidentes y atención integral.
Para familias y comunidades resulta útil conocer los signos de riesgo, los canales de denuncia y los servicios disponibles de atención médica, psicológica y legal, de manera que se proteja la integridad y bienestar de las niñas y adolescentes.
