Miguel Lechuga propone ordenar transporte con reforma a Ley de Movilidad
El diputado del PAN, Miguel Lechuga, previendo el caos por la reestructuración del transporte público en Nuevo León, presentó una iniciativa legal para garantizar que los cambios en las rutas camioneras se realicen de forma correcta.
La iniciativa de Miguel Lechuga corresponde a la búsqueda de que los cambios en las rutas se hagan con:
- Planeación técnica.
- Consulta ciudadana.
- Protección a los usuarios.
¿Qué plantea la reforma a la Ley de Movilidad en Nuevo León?
Propone adicionar el Artículo 70 Bis a la Ley de Movilidad Sostenible, con el objetivo de prohibir la cancelación, fusión o modificación de rutas del Sistema Estatal de Transporte sin cumplir ciertos requisitos.
Destaca la necesidad de:
- Un dictamen técnico-operativo que garantice que no se afectarán los tiempos de espera ni la cobertura del servicio.
- Una consulta ciudadana en las zonas impactadas, con participación directa de los usuarios.
- Garantías de continuidad operativa, con frecuencias mínimas, unidades suficientes y conectividad adecuada.
- Implementación de rutas alternas equivalentes en caso de cancelaciones.
Adicionalmente, contempla que si una modificación provoca tiempos de espera mayores a 40 minutos, el Instituto correspondiente tendrá que habilitar rutas emergentes en un plazo no mayor a 24 horas.
¿Es necesaria un cambio de las rutas de camiones?
Miguel Lechuga indica que una restructuración en el transporte público ha provocado una crisis de accesibilidad y eficiencia.
Siendo afectado en su mayoría el municipio de Santa Catarina.
Lechuga puso como ejemplo la modificación de las rutas 126 y 155, cuyas fusiones han incrementado los tiempos de espera hasta en 40 minutos.
El legislador denunció que esta situación se agravó por la ausencia de estudios técnicos y la falta de consulta a las comunidades afectadas.
¿Cómo impactará esta propuesta en la calidad del transporte?
La reforma busca dar certidumbre a los usuarios de los camiones, evitando cambios arbitrarios que perjudiquen su movilidad diaria.
Lechuga subrayó que cualquier alteración no planeada debe ser considerada una violación grave al derecho a la movilidad y estar sujeta a sanciones legales.
