Autoridades estatales detectaron y denunciaron un desvío millonario en la Secretaría de Salud que involucra al ex gobernador Cabeza de Vaca y a los empresarios Carmona. Foto: Victoria Jiménez
¿De cuánto es el presunto desvío en Salud Tamaulipas que involucra a Cabeza de Vaca y los Carmona?
Por:Victoria Jiménez
La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 14 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en contratos y pagos a proveedores, hechos que involucran a exfuncionarios del gobierno estatal, entre ellos al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.
De acuerdo con la dependencia, el presunto desvío asciende a 343 millones de pesos, entre recursos estatales y federales.
¿Qué papel tuvo Francisco García Cabeza de Vaca en las presuntas irregularidades?
El proceso de revisión, que tardó meses en concluir debido a su complejidad, reveló asignaciones de contratos que no cumplían la normativa, pagos sin facturas y convenios sin firmas.
Además del exmandatario panista Cabeza de Vaca, también se encuentran señalados otros exfuncionarios como Dacio García, Alejandro Aguilar y Román Castillo.
¿Quiénes son los Carmona y cómo aparecen en la investigación?
Las denuncias también alcanzan a empresas privadas vinculadas con la familia Carmona, en especial Grupo Industrial Permart, representado por Julio César Carmona, y la firma Joser, encabezada por Carlos Alejandro Romero.
Según la Secretaría de Salud, estas compañías recibieron pagos indebidos por cientos de millones de pesos.
¿Cómo afectó este presunto desvío a la salud en Tamaulipas?
De los contratos revisados, 500 millones de pesos estaban destinados a servicios de salud; sin embargo, al menos 157 millones quedaron pendientes de pago sin que las empresas reclamaran, lo que refuerza las sospechas de un manejo irregular.
El jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, advirtió que este quebranto afectó directamente la calidad del servicio médico.
Las denuncias se presentaron también ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Congreso del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de resarcir el daño al erario y sentar un precedente en la supervisión de contratos públicos.
