Regidor de Río Bravo detenido en Estados Unidos por fraude. Foto: Carlos García
¿Quién es el regidor de Río Bravo detenido por fraude en los Estados Unidos?
Por:Carlos García
Un escándalo de fraude electrónico ha sacudido al municipio de Río Bravo, Tamaulipas, luego de que autoridades de Estados Unidos detuvieran a Bernardo Gómez Guajardo, actual regidor del Cabildo, acusado de participar en una red que presuntamente desvió más de 685 mil dólares de programas de apoyo económico durante la pandemia de Covid-19.
El caso, que también involucra a su esposa y a otros empresarios, ha generado un fuerte impacto político en la región.
¿Quién es el regidor de Río Bravo Bernardo Gómez Guajardo?
El regidor detenido pertenece a una reconocida familia política de Río Bravo.
Es hijo de Bernardo Gómez Villagómez y sobrino de Juan Antonio y Juan Diego Guajardo Anzaldúa, los tres exalcaldes de ese municipio fronterizo.
Cabe recordar que su tío, Juan Antonio Guajardo, fue asesinado en 2007 tras buscar nuevamente la presidencia municipal.
Ahora, el nombre de la familia vuelve a ocupar titulares, esta vez en medio de un proceso judicial en Estados Unidos.
¿Cómo operaba el presunto fraude del regidor de Río Bravo?
De acuerdo con la acusación presentada en una corte federal de Estados Unidos, entre junio de 2020 y noviembre de 2021, Gómez Guajardo y otros cuatro implicados habrían utilizado documentación falsificada para solicitar recursos de dos programas de emergencia: el Programa de Protección de Nóminas (PPP) y el de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL).
Los fondos estaban destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia, pero según las investigaciones, fueron desviados para gastos personales, inversiones privadas, criptomonedas y cuentas individuales.
La pérdida total asciende a 685,800 dólares.
¿Qué sanciones podrían enfrentar los acusados?
El fraude electrónico es un delito grave en Estados Unidos.
La acusación federal incluye ocho cargos, y de ser declarados culpables, los involucrados podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión y multas que alcanzarían los 250 mil dólares.
Además, estarían obligados a devolver los fondos obtenidos de manera fraudulenta.
