Colectivas feministas proponen reformas de ley en favor de las infancias en Yucatán
Colectivas feministas de Yucatán, encabezadas por Ley Sabina Yucatán y su vocera Siloé Fuentes, presentaron formalmente una serie de reformas ante el Congreso del Estado con el objetivo de garantizar los derechos de las infancias, especialmente en casos donde padres incumplen con sus responsabilidades alimentarias.
Estas propuestas surgen ante la creciente preocupación por el abandono económico de menores, que afecta no solo su desarrollo integral, sino también la estabilidad emocional y social de miles de familias en la entidad.
¿Qué busca la iniciativa de Ley Sabina Yucatán?
La principal propuesta de la colectiva es incorporar mecanismos legales más eficaces para sancionar a padres que evaden el pago de la pensión alimenticia, y así evitar que se sigan violentando los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Siloé Fuentes explicó que la iniciativa contempla, entre otros puntos:
- Que el padrón del registro estatal de deudores alimentarios sea público.
- Reducir el tiempo para la inscripción del deudor alimentario a 45 días.
- Automatización de los deudores alimentarios.
- Pruebas de ADN sin costo a las madres.
- Que sea delito grave el abandonar a un hijo en Yucatán.
- Que sea delito grave embarazar a una mujer en Yucatán.
¿Por qué son necesarias las reformas en materia local en Yucatán?
De acuerdo con cifras compartidas por las colectivas, más del 90% de las madres solteras en Yucatán no recibe pensión alimenticia de forma regular, lo que evidencia una falla estructural en los mecanismos de justicia familiar.
“Estamos trabajando con abogadas y colectivas feministas para lograr estas reformas de ley y que las diputadas puedan presentarlo en el Congreso Local”, señaló Siloé Fuentes.
Además, mencionó que la falta de pago de pensiones no solo es un problema económico, sino una forma de violencia vicaria que afecta directamente a los menores.
¿Qué impacto tendría la aprobación de estas reformas?
Las colectivas señalan que esto no solo facilitaría la recuperación de recursos para las madres, sino que enviaría un mensaje claro de que el abandono económico no será tolerado.
Las activistas también resaltaron que el impacto sería positivo en el largo plazo, ya que garantizar la pensión alimenticia contribuye directamente al desarrollo educativo, emocional y nutricional de niñas y niños, sectores históricamente vulnerables y poco visibilizados en la legislación local.
Por último, indicaron que trabajan en coordinación con la diputada local Clara Rosales para formar iniciativas en pro de las infancias en Yucatán.
