Policías de Los Cabos acusados de desaparecer a dos jóvenes enfrentarían penas de hasta 50 años
Los cuerpos de los dos jóvenes desaparecidos fueron localizados en un arroyo y entregados el viernes 8 de agosto a sus familiares.
La detención de seis elementos de la Policía Municipal de Los Cabos por su presunta participación en la desaparición de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, conmocionó a Baja California Sur.
Los uniformados, identificados como Alejandra “N” (32 años), Ramón “N” (30), Sergio “N” (23), Jesús “N” (33), José “N” (26) y Pedro “N” (21), fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva durante tres meses mientras la autoridad judicial desahoga las investigaciones.
Te puede interesar....
¿Qué pena pueden alcanzar los seis policías acusados de la desaparición de los dos jóvenes?
De acuerdo con el Código Penal, el delito de privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro puede implicar penas de entre 20 y 50 años de prisión, además de multas económicas considerables.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indicó que, por tratarse de un caso que involucra a servidores públicos y una presunta desaparición forzada, las penas podrían ser más severas. En estos momentos, el Ministerio Público recaba pruebas y testimonios para fortalecer la acusación.
Te puede interesar....
Fueron entregados los cuerpos de los dos jóvenes a sus padres
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados e identificadas como Pablo Figueroa Martínez, de 21 años, y Xandro Jesús Torres Procopio, de 17, quienes desaparecieron el 26 de junio tras ser detenidos por los policías ahora imputados.
Sus restos fueron encontrados en un arroyo y, este 8 de agosto, entregados a sus familias. El hallazgo ha generado indignación y dolor, pues durante semanas los padres mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida.
Te puede interesar....
¿Como sucedió la desaparición?
El 26 de junio, Pablo y Xandro fueron detenidos por seis policías municipales en Cabo San Lucas. De acuerdo con las investigaciones, nunca fueron presentados ante una autoridad competente y, desde ese momento, se desconoció su paradero.
La presión social, junto con las labores conjuntas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Marina, permitió la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los uniformados.
La indagatoria señala un posible caso de desaparición forzada cometida por servidores públicos, un delito grave que ha puesto bajo escrutinio los protocolos y mecanismos de control interno de las corporaciones policiales en Baja California Sur.
De manera simultánea, la ciudadanía también cuestiona el caso de un operador de pipa reportado como desaparecido, el cual la Fiscalía mantiene bajo reserva mientras continúan las investigaciones.
