Denuncian tortura a niño de 5 años por policías ministeriales en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) enfrentan acusaciones de abuso de autoridad y detención ilegal en el caso de Samantha Guadalupe Francisco Rosas y su familia, entre ellos, un menor de cinco años, narró su madre, Wendy Rosas Rafael.

Según la denuncia, el 19 de junio, Samantha y sus suegros visitaron al padre del niño en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes.

Después de salir del penal, la familia fue detenida por la Policía Ministerial sin especificar el motivo. 

Su hijo, un niño de 5 años, fue vendado de los ojos y trasladado a Xalapa en una patrulla de la UECS. El menor fue sometido a tortura psicológica con amenazas de matar a su madre si no paraba de llorar.

¿Cómo ocurrió la detención?

La familia fue acusada de agredir a una patrulla de la Policía Ministerial, lo cual consideran absurdo. La abuela del niño presentó una denuncia ante Derechos Humanos y exige justicia para su nieto y familia.

“Violentaron sus derechos por 48 horas. Al niño se lo llevaron y no nos avisaron; se lo llevaron detenido. El menor está muy afectado. Me lo entregaron el día lunes. Estuvo los primeros días con ella, y luego lo trasladaron al DIF Conecalli. El niño refiere que lo vendaron de los ojos. Fue algo espantoso, fue algo traumático para mi hijo. Lo vendaron desde el momento en que lo trasladaron desde Amatlán, de La Toma, hasta las oficinas en Xalapa”.

El niño dice que estaba muy asustado: “Él refiere que unos señores malos, disfrazados de delincuentes, encapuchados, bajaron a mi abuelito, mi abuelita y a mi mamá; que les hablaron con groserías, y él lloraba porque le taparon los ojitos y la cara. Me dice: yo lloraba porque no podía respirar”.

¿Por qué el niño narró que no podía respirar?

El niño le cuenta a su abuela materna que les rogó a los señores que “le quitaran eso, que no podía respirar; una mujer policía le ayudó, levantó lo que le tapaba la cara y ya pudo respirar”.

Al niño lo amenazaron con matar a su mamá si él no se callaba porque lloraba. “A mi hija la golpearon, la torturaron y le dijeron también que si no colaboraba iban a lastimar al niño, y que en ese momento estaban yendo por su familia, por su mamá y papá.

Mi nieto era muy seguro, y ahora llora, no quiere comer y tiene miedo de todo”.

El pequeño ahora le tiene miedo a la gente que llega a visitar a su abuela materna, donde él está ahora. La señora acudió a Derechos Humanos y presentó una denuncia porque considera que los elementos de la UECS son personas que trabajan para el gobierno y trataron así a su nieto.

¿De qué acusan a la madre del menor?

Hasta el domingo les informaron que los culpaban de haber agredido a una patrulla de la Policía Ministerial; que estaban parados y que su hija llegó por atrás en el taxi, porque ellos llevaban un taxi, lo maneja su suegro.

“En la denuncia refieren que ellos estaban estacionados porque se poncharon, y que el taxi llegó detrás y se estacionó, y que mi hija Samantha bajó con un arma de grueso calibre y que les quiso disparar, y que ellos tienen miedo de lo que mi hija pueda hacer contra ellos.

Es algo absurdo lo que dicen: que mi hija fuera con armas y drogas y un niño de 5 años al penal”.

Ella acudió a medios de comunicación para pedir justicia para su nieto, porque lo trasladaron desde Amatlán a Xalapa con los ojos vendados, y le pedían que mantuviera la cabeza agachada durante el trayecto.

Piden atención psicológica para su nieto, y que Derechos Humanos le tome su declaración, porque el niño llora y no come. “Exijo justicia para con mi nieto; también tememos por la integridad física de mi familia”.

Además, pide intervención en el caso contra su hija, porque considera la acusación “absurda” y solicita que se investigue y se muestren pruebas de lo que se le acusa, finalizó.

¿Quiénes son los presuntos responsables?

Extraoficialmente se menciona que los policías ministeriales que trasladaron al menor en esas circunstancias son presuntamente Juan Antonio Peña Ruiz, Diego Yahir Córdoba Macías, María del Rosario González Zamora y Luis Yair Fuentes Hernández.

También se señala al fiscal José Alberto Hernández Zamora, quien supuestamente impidió la comunicación entre la familia y los detenidos.

Actualmente, el niño presenta secuelas psicológicas y requiere atención especializada. La familia solicita que se investigue y se muestren pruebas de las acusaciones en su contra.