Foto: Archivo
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NUEVO LEÓN.- Aunque la pandemia del Coronavirus ha ayudado a disminuir la incidencia de diversos delitos patrimoniales, el de homicidio sigue su ascenso en México y, según especialistas en Seguridad, el país cerrará el 2020 con más de 35 víctimas mortales.

Además, los investigadores señalan que debido a las medidas de cuarentena sanitaria, la baja actividad económica de diversos sectores y, el temor al contagio, han ocasión que la población se halle en un estado de estrés, y eso se manifiesta en los delitos socio-familiares

Al finalizar el mes de agosto, el Semáforo Delictivo reportó seis delitos en rojo: Homicidio, extorsión, narcomenudeo, violación, violencia familiar y feminicidio.

Los delitos en amarillo son robo a negocio y lesiones dolosas. Y en verde se reportan secuestro, robo de vehículo y robo a casa.

“Los delitos de plata y plomo del narcotráfico se mantienen muy en alto. La actual administración ha sido incapaz de reducir los delitos que más le competen, los de violencia extrema, los del mercado de las drogas”, señalan los analistas.

Queda claro “que la estrategia de la militarización no es el camino adecuado y ya es tiempo de reconocerlo, pues no reduce violencia y si incrementa riesgo de violaciones a los derechos humanos, como ya lo vimos en Chihuahua”, comentó Santiago Roel director del Semáforo Delictivo.

En homicidio, agosto reportó uno de los peores meses en el año con dos 539 carpetas de homicidio y tres mil 51 víctimas. Lo que los coloca en rojo, muy por encima de la media histórica.

El año va a terminar como uno de los peores años. Con más de 36 mil víctimas, más de tres mil por mes, por errores de la presente administración.
Santiago Roel

Además, ocho de cada diez homicidios son ejecuciones por bandas de narcotráfico.

“En lugar de apostarle a la militarización, la actual administración debió cumplir lo que prometió en campaña, la regulación de las drogas para quitarle el negocio a las mafias”, continuó el director del Semáforo Delictivo, “pero no lo hizo y aquí tenemos las consecuencias. La guerra continúa porque es una guerra por un mercado y la actual administración no quiere entenderlo o resolverlo.”

Salvo Yucatán, con una tasa anual de dos homicidios por cada cien mil habitantes, el resto de los estados superan por mucho, la tasa mundial de seis homicidios por cada 100 mil habitantes. Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Sonora, los peor evaluados, tienen tasas por encima de los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“La mayoría de los estados sufren por el ‘plata o plomo’ que va colapsando a la sociedad y al gobierno. Traemos una guerra muy perversa contra el Estado de Derecho e intereses muy oscuros que la actual administración no ha querido resolver. Este no es tema de los estados, es tema federal”, comentó Roel.

Consejo Cívico
Consejo Cívico

DELITOS PATRIMONIALES

Los delitos patrimoniales y el secuestro están en verde, por debajo del 25 por ciento de la media histórica o en amarillo, entre la media y la meta, pero muestran tendencias alcistas a medida que se libera el confinamiento.

“La pandemia nos trajo una reducción artificial de estos delitos pero ya empieza a terminar el efecto. Aunque es justo decirlo, algunos municipios y estados han hecho una buena labor y había tendencias positivas antes de la pandemia”, agrega el investigador.

Sin embargo, “nos preocupa de sobremanera que la propuesta de presupuesto para el 2021 reduce los recursos a las policías municipales y estatales”, aclaró Santiago Roel”, la actual administración no logra entender que “la gran labor preventiva y reactiva la realizan los estados, no la Guardia Nacional o el ejército. Además, el desempleo por la crisis económica puede incrementar los robos”.

Explica que los delitos socio-familiares como la violación, la violencia familiar y el feminicidio se encuentran en rojo, muy por arriba de su media histórica. La violencia familiar y el feminicidio muestran un incremento respecto al año anterior. Las violaciones, a pesar del confinamiento, están a punto de llegar al mismo nivel del 2019.

La población está estresada, estos delitos se cometen en casa, por familiares o conocidos; las víctimas no han tenido la oportunidad de denunciar, por temor al contagio o por restricciones al trámite; la crisis económica va en aumento y el confinamiento se mantiene parcialmente. La mayor parte de estos delitos son mujeres y niños.

“Los delitos socio-familiares son un buen termómetro del estrés social y aunque algunos estados y municipios han llevado a cabo una intensificación de las campañas preventivas, hubiéramos esperado un esfuerzo más coordinado a nivel nacional y una estrategia de recuperación económica y mejor manejo de la pandemia”, sentencia.

Sin embargo, “vemos a una administración más preocupada en hacer campaña política y justificar sus errores que en gobernar y eso siempre impacta de manera negativa en los indicadores delictivos”, concluye.