Deudores alimentarios: Estos son los castigos que se aplicarán en Nuevo León
Deudores alimenticios perderán algunos derechos en la entidad hasta cumplir su obligación.
Con la reciente firma del decreto impulsado por el gobernador Samuel García Sepúlveda, Nuevo León da un paso decisivo para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, al establecer sanciones más severas para quienes incumplan con el pago de pensión alimenticia.
La medida, busca erradicar la impunidad en casos de abandono económico y fortalecer el marco legal que protege a la infancia neolonesa.
Esta medida marca un antes y un después en la responsabilidad civil y moral de los padres y madres de familia, estableciendo que ningún deudor alimentario podrá evadir sus obligaciones sin consecuencias legales, sociales y administrativas.
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¿Qué consecuencias enfrentarán los deudores?
Una de las medidas centrales del decreto es la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, una base de datos pública que incluirá el nombre, CURP y otros datos identificativos de quienes adeuden pensiones alimenticias.
Este registro podrá ser consultado por instituciones públicas y privadas, lo que implicará que los deudores no podrán mantener el anonimato ni acceder a ciertos beneficios mientras no regularicen su situación.
Entre los efectos directos, se establece que las personas inscritas en el registro no podrán ser candidatas a cargos públicos, tramitar licencias o permisos, ni participar en procesos de adopción o matrimonio civil, hasta que acrediten el cumplimiento total de sus obligaciones alimentarias.
Con ello, el Estado busca visibilizar la problemática y presionar legalmente a quienes han incumplido, eliminando vacíos legales que en el pasado permitían la evasión del pago de pensiones.
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¿Cómo serán aplicadas las sanciones en materia electoral?
Una de las sanciones más relevantes incluidas en el decreto es la prohibición para que los deudores alimentarios puedan ocupar cargos en el servicio público o postularse a puestos de elección popular.
De acuerdo con el documento, los órganos electorales deberán verificar que los aspirantes no aparezcan en el Registro de Deudores, como requisito indispensable para registrar su candidatura.
Esto significa que ningún funcionario, diputado, alcalde o gobernador podrá acceder o mantenerse en su cargo si tiene pendiente una pensión alimenticia, lo cual refuerza la rendición de cuentas y la congruencia ética en el servicio público.
Asimismo, las dependencias estatales y municipales estarán obligadas a suspender temporalmente del cargo a cualquier servidor público que aparezca en el registro hasta que regularice su situación.
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¿Qué otros derechos pierden los deudores?
El decreto también establece que las personas morosas en el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias no podrán realizar diversos trámites ante dependencias gubernamentales.
Entre las limitaciones se incluyen:
- La imposibilidad de tramitar licencias de conducir, permisos de portación o tenencia de armas, o concesiones comerciales.
- La restricción para realizar la compraventa de bienes inmuebles ante notarios públicos.
- La suspensión de trámites migratorios o pasaportes, en coordinación con las autoridades federales competentes.
Estas medidas pretenden generar consecuencias tangibles que motiven el pago inmediato, garantizando que la manutención de las y los menores sea prioritaria por encima de cualquier otro trámite o beneficio personal.
¿Qué efectos enfrentarán si se hace caso omiso?
Más allá de las sanciones administrativas y civiles, el decreto fortalece las medidas judiciales contra quienes reincidan o incumplan de manera prolongada.
En casos de omisión deliberada, el deudor podrá enfrentar sanciones penales, que van desde multas económicas hasta penas de prisión, según lo establezca el juez.
Además, el incumplimiento reiterado será considerado un antecedente penal que quedará registrado en el historial de la persona, lo cual impactará en procesos laborales, migratorios y crediticios.
Estas disposiciones colocan a Nuevo León como uno de los estados con mayor rigor legal en materia de pensión alimenticia.
¿Por qué se establece este decreto?
Durante la presentación del decreto, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Muevo León; destacó que este decreto representa un acto de justicia social y un mensaje claro hacia quienes incumplen con sus responsabilidades familiares.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con los derechos de la niñez y la adolescencia, cerrando el paso a la evasión y fortaleciendo la cultura de la corresponsabilidad familiar.
