Estado garantizará servicio de transporte público en zona de Santa Catarina
Hasta que cumpla con los requerimientos legales, Transportes Progreso volverá a tener a su disposición la Ruta 400 hasta tanto, el Estado brindará el servicio en la zona de Santa Catarina
MONTERREY, Nuevo León.- Ante el atraco y abusos cometidos contra los usuarios al aplicar una tarifa ilegal, desde el 1 de julio y hasta cuando el grupo Transporte Progreso cumpla con la ley, el Estado continuará brindando el servicio de la Ruta 400, para evitar que la población se vea afectada en su traslado.
El Ejecutivo Estatal ha intervenido para mejorar el transporte público por las malas decisiones de los transportistas, teniendo como antecedente la toma total de la Ecovía en el 2017, fue apenas este 2022 cuando el Estado logró aplicar una requisa conforme a los nuevos lineamientos de la Ley de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
Desde el 1 de julio por la noche, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad intervino las instalaciones de la Ruta 400, ubicada en la colonia San Gilberto, donde se apoderó de al menos 25 unidades que estaban en el lugar y de las oficinas del Grupo Martínez García.
Lo anterior luego de que la ruta logrará sacar sus demás unidades y reubicarlas a otros sitios y se desconoce sus ubicaciones, lo que ha repercutido severamente a los usuarios quienes deben de esperar más para poder abordar un camión e irse a sus destinos al tener pocas unidades en circulación.
Con el apoyo de otras empresas y de la Ruta Exprés, desde el pasado fin de semana el Estado ha entrado con el trabajo de seguir brindando el servicio a la población y así seguirá actuando hasta que la empresa demandada decida llegar a un acuerdo y cumplir íntegramente el cobrar 12 pesos y no una tarifa de 15 pesos o más.
De acuerdo a José Manuel Valdez Gaytán, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, el Estado puede quedarse con la ruta hasta 120 días, sin embargo, se descartó que busquen ello y esperan que si quiera esta semana quede resuelto el asunto, al señalar que el Estado no pretende manejar integralmente un sistema tal y como pasó con la Ecovía en el 2017.
No nos interesa manejar una requisa, tenemos hasta 120 días, estamos preparados para ello, pero el deseo de este gobierno es que nada más que los transportistas cumplan con su permiso
En esta ocasión la requisa al servicio del transporte público está firmemente respaldada por la Ley de Accesibilidad y Movilidad del Estado. que de acuerdo al artículo 195 en su fracción IV señala que pueden aplicar esta medida al transporte y demás bienes inmuebles mientras subsistan las condiciones que la motivaron a emplear este mecanismo.
Durante la toma de la Ruta 400 además de hacerse de 25 unidades, también se logró decomisar una bóveda que contenía un millón 323 mil 654 pesos, maquinaria, herramienta e instalaciones totales.
También se detectó que esta empresa manejada por el Grupo Martínez García el 75 por ciento de los ingresos que obtenían era por efectivo y por ello no lo reportaban al SAT, existiendo un riesgo de que pudieran mal emplearse este dinero.
La empresa Transportes Progreso, en lo que dure la requisa y las investigaciones no podrá acceder a ningún recurso ni instalaciones.
Pese a que el empresario Abelardo Martínez, dueño de la Ruta 400 y de las empresas antes mencionadas, señala que fue un acto ilegal, las autoridades han precisado que previamente se le avisó a través de una inspección que actuarían así si seguían cobrando 15 pesos, llamado y multas que fueron ignoradas.
La Ruta 400 tiene tres ramales que sirven al municipio de Santa Catarina y parte de García y llegan al Centro de Monterrey, siendo las únicas que cumplen con esta ruta para el sector de San Gilberto, dejando muy pocas opciones a los vecinos para trasladarse.
