PAN en Nuevo León propone frenar entrega de programas sociales en domicilios
Diputado del PAN, Ignacio Castellanos busca que programas sociales se entreguen exclusivamente en espacios públicos.
El Congreso de Nuevo León abrió un nuevo frente en la discusión sobre el uso y supervisión de los programas sociales.
El diputado Ignacio Castellanos Amaya, del Partido Acción Nacional , presentó una iniciativa de reforma que busca obligar a que la entrega de estos apoyos se realice únicamente en espacios públicos, eliminando por completo su distribución en domicilios particulares o instalaciones vinculadas a organizaciones y partidos políticos.
¿Por qué trasladar toda la entrega de apoyos a espacios públicos?
La propuesta plantea modificar el artículo 56 de la Ley de Desarrollo Social del Estado, incorporando una prohibición explícita para evitar que los recursos se entreguen casa por casa o en lugares que no garanticen imparcialidad.
El legislador explicó que esta medida pretende asegurar que los programas sociales se distribuyan bajo condiciones de total visibilidad institucional, reduciendo riesgos de manipulación o sesgos en su asignación.
De acuerdo con la iniciativa, los apoyos otorgados por la Federación o el Estado deberán entregarse exclusivamente en espacios de carácter público.
El documento señala que esto permitiría fortalecer principios de transparencia, equidad y neutralidad, especialmente en contextos donde la percepción de uso político de los recursos continúa siendo una preocupación ciudadana recurrente.
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¿Qué papel deben cumplir realmente los programas sociales?
Castellanos Amaya subrayó que los programas sociales tienen como propósito esencial mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad.
Recordó que estos abarcan una amplia gama de apoyos, como transferencias económicas, acceso a servicios básicos, proyectos productivos, capacitación laboral y ayudas alimentarias.
El legislador enfatizó que estas herramientas deben servir para reducir brechas de desigualdad y garantizar el derecho al bienestar, evitando cualquier práctica que distorsione su sentido social o los convierta en instrumentos de promoción personal o partidista.
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¿Qué riesgos busca frenar la reforma presentada ante el Congreso?
La preocupación central expuesta por el diputado radica en el uso discrecional de los programas sociales.
Señaló que existe el riesgo de que los recursos públicos sean asignados selectivamente para beneficiar a simpatizantes del gobierno en turno, dejando fuera o incluso castigando a quienes no expresan apoyo político. El planteamiento legislativo busca cerrar esa puerta.
Al institucionalizar la entrega en espacios públicos y bajo reglas más estrictas, se pretende acotar la posibilidad de que los apoyos sean utilizados como mecanismo de presión, condicionamiento o captación electoral.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, donde se evaluará si esta reforma resulta suficiente para fortalecer la confianza ciudadana y blindar la operación de los programas sociales en el estado.
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