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Caso María Amparo Casar: ¿Fin de la venganza de la 4T?

El caso contra María Amparo Casar es una venganza política sin sustento legal por sus denuncias de corrupción.


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El intento por procesar a María Amparo Casar  es infame, es incomprensible, es simplemente una venganza, una venganza que comenzó el expresidente López Obrador y que quieren continuar ahora.

Me parece muy bien que la Fiscalía General de la República diga que va a haber una investigación exhaustiva sobre el tema, porque realmente no tiene ni pie ni cabeza lo que dejó como como herencia, Alejandro Gertz Manero en la fiscalía contra María Amparo Casar.

No tiene ni pie ni cabeza porque el caso es muy claro.

Hace ya más de 20 años, casi 25 años, imagínese usted, el esposo de María Amparo Casar que trabajaba en Pemex, era un alto ejecutivo de Pemex, cayó por una ventana. No se estableció con claridad si era un un accidente o un suicidio, María Amparo, como lo establecía la ley cobró la pensión.

Y han pasado 25 años y como María Amparo fue una de las personas al frente de mexicanos contra la corrupción que mayores denuncias hizo sobre la corrupción del gobierno, no solamente de López Obrador, antes también sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue quiso ser castigada inventando que esa pensión se había cobrado en forma ilegítima.

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Y además pedían no solamente quitar esa pensión, que regresara la pensión y la querían meter a la cárcel. A una mujer que se ha destacado por denunciar la corrupción.

En un caso tan claro, tan transparente como que el que lo juzgó en su momento fue el gobierno de la Ciudad de México, el procurador de la Ciudad de México que era Bernardo Batiz, procurador del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas de López Obrador y que ahora es el nada más y nada menos que el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, ahí del poder judicial.

Entonces, ¿Qué es lo que quieren juzgar? Es una venganza, es una venganza. Y como decía Confucio, quien busca venganza tiene que cavar dos tumbas, una para su enemigo y otra para él mismo. Ojalá que la fiscalía, la nueva fiscalía cumpla con su palabra y deseche el caso.

Porque sería una vergüenza que un país gobernado, presidido por una mujer y la primera fiscal en la historia de México, una de sus primeras acciones sean tratar de meter a la cárcel a una activista denunciante de la corrupción del gobierno por haber cobrado la pensión de su esposo que falleció hace 25 años.


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