El saldo de la Elección Judicial

La Elección Judicial efectuada por primera vez en México, el domingo 1 de junio de 2025, ha profundizado las grietas de nuestro sistema democrático.

Ha sido un ejercicio inédito en el que, por mandato constitucional, los ciudadanos fuimos llamados a elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

Lejos de representar un triunfo de la democracia participativa, este proceso ha sido criticado por su baja legitimidad, su alto costo y las irregularidades reportadas a lo largo de la jornada.

Uno de los elementos más preocupantes fue la bajísima participación ciudadana.

Según el Instituto Nacional Electoral, apenas entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral acudió a las urnas.

Este nivel de abstencionismo se debe al desinterés y a la falta de información clara sobre los candidatos, su trayectoria y propuestas.

Para muchos ciudadanos, elegir entre gran cantidad de desconocidos fue más una carga que un ejercicio de empoderamiento democrático.

Este desdén por las urnas se dio a pesar de los esfuerzos institucionales por incentivar el voto, incluyendo campañas publicitarias, estrategias en redes sociales y hasta promociones como café gratis para quienes mostraran su dedo entintado.

Nada de eso funcionó. El problema de fondo no es la apatía ciudadana, sino una profunda desconfianza hacia el sistema político y sus mecanismos.

A ello se suma el alto costo de este ejercicio. De los 13 mil millones de pesos solicitados, terminaron aprobándoles 7 mil 019 millones de pesos.

En un país con carencias estructurales en salud, educación y seguridad, resulta ofensivo destinar esta cantidad a un proceso electoral cuya legitimidad se tambalea.

La inversión en democracia es necesaria, sí, pero cuando se traduce en mayor participación, rendición de cuentas y confianza institucional. Nada de eso ocurrió.

Y hay que decirlo. Ese presupuesto no incluye la compra y movilización de votos. Porque eso fue muy grave. Hubo serias irregularidades. Entre ellas destaca la distribución masiva de “acordeones” o listas prediseñadas con los nombres de los candidatos que debían seleccionarse.

Estos papeles, repartidos incluso dentro de oficinas gubernamentales, violaron el principio básico del voto libre e informado.

El propio INE reconoció la existencia de estas prácticas y señaló que “manchan” el proceso. Todo apunta a que hubo estructuras de gobiernos y de partidos políticos operando para orientar o coaccionar el sufragio, como en los peores tiempos del viejo régimen.

En este escenario, la reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador, después de ocho meses de retiro. El expresidente acudió a votar y declaró que esta elección representaba un acto de “profundización democrática”. Su presencia fue una especie de intento de dar legitimidad simbólica a una reforma que él mismo impulsó durante su mandato.

Su participación, lejos de ser anecdótica, reafirmó la impresión de que el proceso estuvo marcado más por intereses políticos que por un genuino ejercicio ciudadano.

• Así llegamos a una pregunta crucial: ¿Estamos enterrando la democracia o tenemos la oportunidad de reconstruirla?

Si algo ha quedado claro es que elegir jueces por voto popular, sin información clara ni condiciones equitativas, no garantiza una justicia más independiente ni más cercana al pueblo. Al contrario, abre la puerta al clientelismo, a la manipulación electoral y a la politización del Poder Judicial.

Lo que se requiere ahora no es volver atrás, sino repensar el modelo.

Una reforma constitucional que enmiende los errores cometidos: que fortalezca los contrapesos, garantice la independencia judicial y restituya la confianza ciudadana.

El camino no será corto ni sencillo, pero si algo demuestra esta elección es que la democracia no se decreta desde el poder: se construye con transparencia, participación real y respeto a la legalidad.

Soy Gregorio Martínez… Más Allá de la Noticia… Nos vemos y nos escuchamos… Aquí en POSTA…