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PUEBLA.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa se hizo del control de los colegios privados, de todos los niveles, en la entidad.

La nueva Ley de Educación, aprobada fast track, establece políticas más duras al incorporar sus inmuebles al Sistema Educativo Estatal, además de sanciones por 440 mil pesos ante posibles actos arbitrarios, como la retención de documentos y la negativa de brindar educación.

La norma ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada por el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas.

El mandatario en rueda de prensa dijo que esta nueva ley no daña a los impartidores de la educación y sí mejora las condiciones de la forma, como se hace llegar la educación a los estudiantes.

El gobierno será respetuoso de la autonomía universitaria, de los programas privados, dijo que su gobierno no se meterá en los criterios educativos, salvo que no se ajusten a las constitución, "en ese caso si tendríamos una opinión. Siempre seremos respetuosos, porque la educación siempre debe ser accesible y demorcrática".

Y es que Barbosa ha argumentado que la ley defiende la educación, pues ésta “no es un negocio, no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras”. ¡Cuidado con eso, hay pruebas, hay pruebas!

Por su parte, el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, dijo que tanto el Consorcio Universitario y de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir, pues acudieron a proponer, pero no fueron escuchados.

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que la nueva ley es un ataque al sistema privado de educación, pues tiene un “espíritu intervencionista”.

Partidos como el PRI y el PAN en la entidad advirtieron que llevarán a la Corte la impugnación a la ley.

Dentro de los 155 artículos que incluye esta normativa, está el 105, que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, aunque la norma no especifica con claridad qué representa este hecho.

Además, la norma permite investigar aumentos en las cuotas particulares, prohíbe que se condicione la compra de uniformes y materiales, y las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización que podrán ser autorizados por la SEP cuando un padre de familia lo solicite.

Aplica sanciones desde los 440 mil pesos y hasta los 870 mil si las escuelas privadas reinciden.