Ayuntamiento de Tampico debe pagar 9.5 millones de pesos a ex trabajador por este motivo
El ayuntamiento de Tampico perdió un juicio laboral que data desde la administración municipal 2008- 2010.
El ayuntamiento de Tampico deberá cubrir una indemnización superior a los 9.5 millones de pesos tras perder un juicio laboral promovido por un ex trabajador de la administración municipal 2008-2010.
La sentencia, emitida recientemente, representa un golpe directo a las finanzas públicas del municipio, debido a omisiones y desacatos legales cometidos por gobiernos anteriores.
Comunicado publicado por el Gobierno de Tampico en relación a los hechos. Foto: Gobierno de Tampico
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¿Cuándo fue promovido el juicio laboral contra el ayuntamiento de Tampico?
El conflicto legal se remonta al periodo en que el ayuntamiento era presidido por el priista Oscar Pérez Inguanzo (2008-2010), quien fue detenido en octubre de 2011 acusado de falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público y un presunto quebranto financiero de 40 millones de pesos.
En 2015 fue liberado y, en su momento, su detención fue considerada parte de un conflicto político con el entonces gobernador Egidio Torre Cantú.
Oscar Pérez Inguanzo, ex alcalde de Tampico (2008-2010). Foto: Carlos García
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¿Por qué la sentencia compromete al ayuntamiento de Tampico?
A través de un comunicado, el gobierno municipal actual informó que este fallo impacta directamente el patrimonio público y los recursos destinados al bienestar de los tampiqueños.
Pese a que la administración en curso, encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal, ha destinado una bolsa de 10 millones de pesos para hacer frente a este tipo de contingencias legales, la sentencia representa una carga considerable.
Mónica Villarreal Anaya, actual alcaldesa de Tampico. Foto: Carlos García
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¿Cuántos casos laborales ha atendido el ayuntamiento de Tampico?
En lo que va del actual trienio, el ayuntamiento ha resuelto más de 45 casos laborales, incluyendo laudos, finiquitos y procesos de jubilación.
La resolución de estos conflictos ha sido una prioridad para la presente administración, en un intento por sanear el rezago legal heredado y evitar mayores afectaciones al erario.
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