Son 10 mil millones de pesos los que no están comprobados en 180 cuentas públicas de ayuntamientos y OPD’s
El Congreso de Tamaulipas detectó un rezago financiero grave: 180 cuentas públicas no han solventado casi 10 mil millones de pesos y podrían enfrentar sanciones penales.

En Tamaulipas, el desorden financiero heredado vuelve a encender las alertas tras revelarse que miles de millones de pesos siguen sin ser aclarados.
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El Congreso del Estado advierte que esta vez no habrá borrón ni cuenta nueva, y que las irregularidades podrían terminar en sanciones penales.
¿Cuánto dinero sigue sin aclararse y por qué es una cifra tan grave para Tamaulipas?
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el diputado Eliphalet Gómez Lozano, reconoció que alrededor de 10 mil millones de pesos permanecen sin solventar en 180 cuentas públicas correspondientes a ayuntamientos y diversos entes públicos. Este monto forma parte de un universo fiscalizado de aproximadamente 12 mil millones de pesos, lo que significa que la mayor parte de los recursos revisados no ha sido debidamente justificada.
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Para dimensionar el problema, el legislador explicó que 60 por ciento de los 300 informes correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 recibió dictamen negativo.
Es decir, más de la mitad de las cuentas públicas revisadas no logró comprobar el uso correcto del dinero público, una situación que refleja un desorden financiero profundo, especialmente en gobiernos municipales.
¿Qué ejercicios y municipios concentran las mayores irregularidades?
De acuerdo con el desglose presentado, en el ejercicio 2021 se revisaron 15 cuentas públicas; en 2022, un total de 90; y en 2023, 195 cuentas. Aunque el diputado se reservó los nombres de los ayuntamientos, Comapas y organismos descentralizados que obtuvieron dictamen negativo, fue claro al señalar que el problema es generalizado.
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Uno de los datos más alarmantes es que en 2023 reprobaron 40 de los 43 municipios del estado, lo que equivale a que 95 por ciento de las cuentas municipales tuvo observaciones graves.
Para muchos ciudadanos, estas cifras explican por qué en diversas regiones persisten problemas de servicios públicos, obras inconclusas o falta de inversión visible, pese a los presupuestos ejercidos año con año.
¿Habrá consecuencias reales o volverán a quedar impunes estas irregularidades?
Gómez Lozano aseguró que el proceso de fiscalización ahora tiene un enfoque distinto. A diferencia de años anteriores, cuando los expedientes se revisaban de forma lenta y aislada, hoy se analizan cuentas antiguas y recientes de manera simultánea, con el objetivo de cerrar la brecha que permitía que muchas irregularidades prescribieran sin castigo.
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Aunque aún quedan pendientes bloques de cuentas de 2021 y 2022, la Auditoría Superior del Estado ya concluyó la revisión del ejercicio 2023, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez en los procedimientos legales. El diputado advirtió que, una vez aprobados los dictámenes en el Pleno del Congreso, se iniciarán investigaciones por faltas graves, mismas que serán turnadas a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa.
Esto significa que el tema ya no se quedará solo en observaciones técnicas o llamados administrativos, sino que podría derivar en responsabilidades legales y penales para quienes no logren aclarar el destino de los recursos públicos.
Para la ciudadanía, este momento representa una prueba clave. Durante años, el manejo irregular del dinero público ha sido una constante que rara vez tuvo consecuencias visibles. Hoy, el Congreso sostiene que el escenario cambió y que el objetivo es frenar la impunidad que permitió el desorden financiero.













