Tamaulipas endurece penas por robo en instituciones educativas: prisión de hasta 15 años
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal que elevan sanciones por delitos cometidos en escuelas públicas y privadas.

Las y los estudiantes de Tamaulipas contarán con un nuevo respaldo legal frente a los delitos que afectan sus espacios de aprendizaje.
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En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó un dictamen que aumenta las sanciones para quienes cometan robo en perjuicio de instituciones educativas, estableciendo penas que van de cinco a quince años de prisión, además de multas de hasta 180 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
¿Qué contempla la reforma al Código Penal?
La medida, promovida por el legislador de Morena Marcelo Abundiz Ramírez, incluye la adición del artículo 407 Bis y la derogación de la fracción XIX del artículo 407 del Código Penal de Tamaulipas.
La intención es reforzar la protección de los planteles escolares, tanto públicos como privados, así como de los inmuebles destinados a actividades educativas.
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Con ello, el robo simple cometido en escuelas deja de tratarse como un delito menor y pasa a ser un ilícito con consecuencias más severas. De acuerdo con la reforma, las sanciones económicas van de 140 a 180 UMA, lo que se traduce en decenas de miles de pesos.
¿Por qué se incrementaron las penas?
El legislador Marcelo Abundiz explicó que los centros educativos son espacios especialmente vulnerables, pues están destinados al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.
Cuando ocurre un robo, no solo se afecta el patrimonio material —como computadoras, mobiliario o infraestructura— sino que también se golpea el bienestar psicológico de la comunidad escolar y la confianza de las familias.
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Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en los primeros meses del año los delitos contra el patrimonio en Tamaulipas han registrado un incremento, lo que reforzó la necesidad de esta reforma.
¿Qué impacto tiene esta acción legislativa?
Además de fortalecer la protección penal sobre los bienes escolares, la medida se alinea con los compromisos internacionales de México, particularmente con el Objetivo 4 de la Agenda 2030 de la ONU: garantizar una educación de calidad en entornos seguros e inclusivos.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas respaldó la iniciativa, destacando que esta acción legislativa ayudará a desincentivar conductas delictivas que atentan contra la educación y el futuro de las nuevas generaciones.