Suspensión definitiva para Ciudad Maderas en Progreso: Fundación Yansa denuncia devastación ambiental en la costa de Yucatán
El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán ordenó la suspensión definitiva de las obras del desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas.
El megaproyecto Ciudad Maderas ha sido objeto de controversia desde su anuncio, debido al impacto ambiental que generaría en la costa norte de Yucatán.
Ubicado en una zona de alta fragilidad ecológica, el desarrollo abarca cientos de hectáreas de vegetación natural que funcionan como amortiguadores frente a la erosión costera y los efectos del cambio climático.
La clausura del proyecto representa un precedente relevante para las organizaciones civiles que han denunciado el avance de la urbanización sobre ecosistemas estratégicos del litoral yucateco.
¿Por qué fue clausurado el proyecto Ciudad Maderas en Yucatán?
La Fundación Yansa A.C., junto con el abogado Sergio Oceransky, anunció que el desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas, ubicado en el municipio de Progreso, en las comisarías de Chuburná y Chelem, fue suspendido de manera definitiva por orden judicial debido a irregularidades en materia ambiental y de uso de suelo.
El abogado explicó que desde 2023 interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin obtener resultados concretos pese a las inspecciones realizadas.
No había ningún resultado y las obras continuaban.
Sergio Oceransky - Abogado
Ante ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente un amparo contra el cierre irregular del expediente.
El resultado fue una suspensión definitiva emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, que impide a la empresa continuar con cualquier tipo de obra mientras se desarrolla el juicio.
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¿Qué irregularidades detectó la Fundación Yansa en el desarrollo?
Según Oceransky, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solo contemplaba la lotificación y apertura de caminos, pero omitía el impacto de la urbanización total del área, que abarca cientos de hectáreas de selva baja caducifolia.
La empresa afirmó que esa selva no se puede considerar cobertura forestal, y Semarnat lo aceptó sin exigir el permiso de cambio de uso de suelo forestal.
Sergio Oceransky - Abogado
Los informes de Profepa también reconocen la existencia de casas club y viviendas ya construidas, pese a que la empresa no contaba con todos los permisos.
A esto se suma que el terreno fue originalmente de uso común ejidal, perteneciente al ejido de Chuburná Puerto, lo que —de acuerdo con Oceransky— viola la Ley Agraria, ya que el parcelamiento de selvas es nulo de pleno derecho.
Estamos ante un sistema en el que las leyes parecen estar de adorno cuando se trata de defender el medio ambiente.
Sergio Oceransky - Abogado
La Fundación Yansa sostiene que instituciones federales como la Semarnat y la Profepa avalaron irregularidadesque permitieron el avance del proyecto pese a los daños ambientales documentados.
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¿Qué implica la suspensión definitiva para Ciudad Maderas?
Con la resolución judicial, Ciudad Maderas no podrá continuar con ningún tipo de construcción ni movimiento de tierra mientras dure el juicio.
Oceransky precisó que la suspensión fue notificada recientemente y que, aunque la empresa podría interponer un recurso de revisión, la fundación está preparada para defender la medida.
Esto significa que Ciudad Maderas no puede avanzar con la construcción ni con ningún tipo de obra. Si lo hace, incurrirá en violación judicial.
Sergio Oceransky - Abogado
La Fundación Yansa subrayó que el caso sienta un precedente en la defensa del derecho a un medio ambiente sano, así como en la protección de los ecosistemas costeros y la legalidad en el cambio de uso de suelo forestal.
El abogado enfatizó que la pérdida de cobertura vegetal en esta zona pone en riesgo la estabilidad de los ecosistemas marinos y la seguridad del estado ante fenómenos climáticos extremos.
La clausura de Ciudad Maderas se suma a otras acciones recientes de la Profepa en Yucatán, como la clausura de una pista de motocross en Chicxulub Pueblo por carecer de permisos ambientales, lo que refuerza las alertas sobre la expansión de proyectos inmobiliarios en ecosistemas costeros sensibles.
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