Procurador de BCS frena investigación en su contra por caso de abuso sexual
La investigación por presunto acoso sexual contra el encargado de la PGJE, Antonio “N”, permanece estancada desde hace meses. Según el abogado Arturo Rubio, el propio funcionario mantiene retenida la carpeta del caso en su escritorio.
Rubio afirma que esta omisión ha impedido que el expediente sea judicializado, así como no se procedió al desafuero de dos funcionarios señalados, esta omisión refuerza la percepción de impunidad y protección institucional.
¿Por qué se acusa al encargado de la PGJE de frenar la investigación por acoso en su contra?
De acuerdo con el abogado defensor Arturo Rubio Ruiz, desde que Antonio “N” asumió como encargado de despacho de la PGJE, mantiene bajo su poder la carpeta de investigación en su contra por el delito de acoso sexual. Esta carpeta ha permanecido inaccesible para la víctima y su representante legal desde hace dos años.
Rubio afirma que esta omisión ha impedido que el expediente sea judicializado, ni se haya procedido al desafuero de dos funcionarios señalados, lo cual refuerza la percepción de impunidad y protección institucional.
Señaló además que existe documentación oficial que demuestra el resguardo irregular del expediente y que, a pesar de haber solicitado formalmente su transferencia al agente del Ministerio Público correspondiente, no ha recibido respuesta, bloqueando así cualquier avance en la investigación.
¿Qué otros casos de acoso sexual han evidenciado el problema en Baja California Sur?
El acoso sexual es un tema latente en la entidad. Hace unos meses, un docente en La Paz fue vinculado a proceso por este delito, sumando ya cerca de 30 trabajadores del sector educativo señalados por conductas similares. Estos casos refuerzan la urgencia de atender las denuncias con perspectiva de género y sin dilaciones institucionales.
¿Por qué el caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Ante la falta de respuesta de las autoridades, el abogado presentó un oficio formal solicitando que se revise el actuar del funcionario. Asegura que la retención del expediente representa una falta grave y un uso indebido del poder para protegerse.
En este sentido, adelantó que ya trazaron un plan de acción legal para llevar el caso ante instancias internacionales.
“Si en la Primera Sala de la Suprema Corte dicen que tiene derecho a guardar en su cajón las denuncias en su contra, nos vamos a la Corte Interamericana”
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Además, denunció que la víctima fue amenazada durante el proceso judicial, incluyendo llamadas recientes para llegar a acuerdos en las últimas tres semanas.
Cabe destacar que el procurador ha negado cualquier vínculo con una denuncia de este tipo.
Cabe destacar que los hechos violentos ocurridos en abril posicionaron a Baja California Sur en los reportes de seguridad nacional, lo cual, según el abogado, exige un procurador confiable y a la altura de la responsabilidad
