Foto: Héctor Navia.
¿Se puede ir a prisión por defenderse en casa? Esto dice la ley en BCS
Por:Rocío Casas
La legítima defensa es un principio legal que debería amparar a cualquier ciudadano que actúe para proteger su vida, su libertad, su patrimonio o su integridad física.
Sin embargo, su interpretación ha generado polémicas y contradicciones, pues la línea entre defenderse y “excederse” en la reacción puede significar la diferencia entre ser considerado víctima o agresor.
¿Sabías que defenderte de un ataque podría llevarte a la cárcel?
En Baja California Sur, un reciente caso ocurrido en la colonia El Progreso, en La Paz, volvió a poner sobre la mesa la polémica sobre la legítima defensa.
Un ciudadano fue brutalmente agredido dentro de su vivienda por un vecino armado con un machete y un cuchillo, quien le ocasionó heridas graves en la cabeza, brazos y cuello.
Sin embargo, al lograr repeler el ataque y dejar inconsciente a su agresor, la víctima terminó siendo acusada por las autoridades quienes le dijeron que podría ir a prisión por un presunto “exceso de violencia”.
El caso, que ha generado debate en redes sociales, ejemplifica lo que muchos consideran una paradoja: la víctima de un ataque puede convertirse en acusado al momento de defender su vida y la de su familia.
¿Qué dice la ley sobre la legítima defensa?
De acuerdo con Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito en Baja California Sur, la legítima defensa es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida.
“Cuando actúas en legítima defensa, aunque cometas algo que en otras circunstancias sería un delito, se destruye el delito porque la acción está justificada”, explicó.
Sin embargo, la ley establece condiciones muy específicas para que una agresión pueda ser repelida bajo este principio. En el caso de Baja California Sur, solo se consideran cuatro bienes jurídicamente tutelados: la vida, la integridad corporal, la libertad y el patrimonio.
Para que la legítima defensa sea reconocida deben cumplirse estos elementos:
- La agresión debe ser real, actual o inminente.
- Debe poner en riesgo alguno de los bienes jurídicos tutelados.
- La respuesta debe ser racional y proporcional al ataque.
- El agredido no debe haber provocado dolosamente la agresión.
El punto más controvertido es la “racionalidad y proporcionalidad” en el uso de la fuerza. “No se puede pedir a una persona herida de machetazos que se ponga a calcular cuántos golpes dar. La reacción es inmediata y busca contener la amenaza”, subrayó Rubio.
Falta de criterios claros
El abogado criticó la falta de unificación de criterios entre policías, ministerios públicos y jueces en torno a qué se considera legítima defensa.
“Si preguntas a cinco jueces, cinco agentes del Ministerio Público y cinco magistrados, tendrás quince respuestas distintas. Eso no puede ser, la justicia no puede depender del criterio personal de cada funcionario”, sostuvo.
Mientras no exista una homologación, advirtió, se seguirán cometiendo abusos e injusticias, donde la víctima de un ataque es tratada como victimario.
Cabe destacar que, de por sí, ya la confianza en las autoridades se han visto mermadas por el reciente hecho en el que policías de Los Cabos fueron acusados de desaparecer a dos jóvenes.
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Llamado a las autoridades
Rubio hizo un exhorto a la Procuraduría de Justicia y al Poder Judicial para que unifiquen criterios y capaciten a policías, quienes —dijo— con frecuencia intimidan a las víctimas en lugar de brindar apoyo.
“La víctima, aunque se exceda, sigue siendo víctima y debe recibir atención médica, psicológica y legal. El Estado ha fallado en prevenir y proteger, y no puede revictimizar a quien solo intentó salvar su vida y la de su familia”, puntualizó.
El caso de la colonia El Progreso no solo revela las debilidades del sistema de justicia, sino también la urgencia de campañas de información ciudadana para que las personas conozcan qué es y cómo opera la legítima defensa en Baja California Sur.
