CDMX aumenta penas por despojo: serán mayores cuando involucren a servidores públicos o familiares
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un incremento en las penas por el delito de despojo, así como nuevas reformas para combatir la ocupación irregular de inmuebles.
El objetivo es reducir el delito de despojo, una problemática que ha crecido en los últimos años y que afecta especialmente a adultos mayores, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad.
Esto siguiendo el dictamen para una Reforma en el Código Penal y Civil que se aprobó el 6 de noviembre.
Aumento de penas y nuevas modalidades del delito
Con el dictamen aprobado, la pena mínima por despojar un inmueble ajeno mediante violencia física o moral aumentó de 5 a 6 años, mientras que la máxima pasó de 10 a 11 años. Además, se estableció una sanción de hasta 200 mil UMA para quienes participen en este delito.
Las penas se incrementarán de 7 a 11 años de prisión cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o integrante de una comunidad indígena.
Gobierno capitalino reporta recuperación de inmuebles
Para atender la problemática, la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, instaló el Gabinete de Seguridad en materia de despojo, lo que ha permitido devolver 196 inmuebles a sus legítimos propietarios y asegurar 265 más.
"Servirán reforzar el marco jurídico, de actuación de las autoridades responsables, y para seguir combatiendo este lamentable delito que golpea en lo más profundo de las familias."
- Clara Brugada Molina
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) destacó que estas acciones fortalecerán la protección de las familias afectadas, especialmente aquellas que enfrentan mayores riesgos o desventajas legales.
Crece el número de carpetas; legisladores piden mayor eficacia
De acuerdo con la congresista Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN), tan solo en los primeros siete meses de 2025 se han abierto 2,245 carpetas de investigación por despojo. No obstante, señaló que apenas 1% de las más de 21 mil carpetas existentes ha sido judicializado.
Por su parte, la legisladora Tania Nanette Larios Pérez (PRI) reconoció que, aunque se han recuperado más de 265 inmuebles, únicamente 192 han sido devueltos a sus propietarios, por lo que urgió a reforzar los procesos de restitución y seguimiento de los casos.
