Alerta de género en Coahuila no llega; GIM retrasa inicio de investigaciones
Tras nueve meses de ser presentada la solicitud para activar la Alerta de Violencia de Género en Coahuila, finalmente se instaló el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para llevar a cabo las investigaciones formales sobre la situación de violencia contra las mujeres en el estado.
Sin embargo, organizaciones feministas denuncian que el proceso ha sufrido graves retrasos.
¿Por qué se solicitó la Alerta de Género en Coahuila?
La solicitud fue promovida el 15 de julio de 2024 por el colectivo Mujeres que Luchan por Mujeres, ante el alarmante incremento en los casos de feminicidio y violencia de género registrados en municipios como Torreón, Saltillo, Ramos Arizpe, Acuña y General Cepeda.
Según cifras oficiales, Coahuila ocupa el cuarto lugar nacional en violencia familiar y embarazo adolescente, lo que justifica la urgencia de esta medida.
¿Cuál es propósito del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario?
El GIM es un organismo compuesto por autoridades, expertas en derechos humanos y representantes de la sociedad civil, cuyo objetivo es realizar un análisis profundo de la situación actual en el estado. Tienen un plazo de 30 días naturales para:
- Realizar entrevistas a víctimas.
- Revisar las acciones tomadas por autoridades municipales y estatales.
- Sistematizar información sobre violencias estructurales y feminicidios.
Este proceso busca diagnosticar la magnitud del problema y emitir recomendaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el estado.
¿Qué ha causado los retrasos en la Alerta de Género?
El principal motivo del retraso ha sido la reestructuración del aparato federal: la desaparición de Inmujeres y CONAVIM dio paso a la nueva Secretaría de las Mujeres, lo cual pausó la conformación del GIM durante varios meses.
Esta demora provocó que, pese a contar con todos los elementos necesarios, las entrevistas con víctimas y el inicio de los trabajos no pudieran concretarse en tiempo y forma.
Ante esta situación, integrantes del colectivo anunciaron que presentarán una queja formal ante instancias federales para exigir el cumplimiento del procedimiento, tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Desde 2013, cuando se tipificó el feminicidio en el estado, se han registrado 188 casos confirmados. En total, más de 300 muertes violentas de mujeres se han contabilizado en la entidad. Esta realidad exige medidas firmes, efectivas y coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.
