SEDU confirma cambios en protocolos de seguridad, tras caso de docente agredido en Saltillo
Tras la reciente agresión sufrida por un maestro de la Secundaria General No. 8 “Adolfo López Mateos” en Saltillo, autoridades estatales confirmaron que se pondrán en marcha ajustes legislativos y operativos en materia de seguridad escolar.
Tanto la Secretaría de Educación del Estado (SEDU) como el Congreso de Coahuila trabajan en la actualización de protocolos y reformas a la Ley de Educación, con el propósito de fortalecer la protección dentro de los planteles.
El secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, explicó que desde hace meses se analizan lineamientos en coordinación con especialistas del sector, representantes sindicales y la Secretaría de Gobierno, para mejorar la capacidad de respuesta en casos de violencia o situaciones de riesgo.
¿Qué cambios se preparan en los planteles escolares?
Las medidas en revisión incluyen nuevos criterios administrativos sobre el uso de cámaras de seguridad, la participación de los padres de familia en la convivencia escolar y protocolos más claros de actuación frente a episodios de violencia.
Estos ajustes se integrarán a la legislación local para darles un carácter obligatorio y alinearlos con marcos normativos nacionales.
¿Qué papel tendrá el Congreso de Coahuila en estas reformas?
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales, confirmó que durante el actual periodo ordinario se impulsarán modificaciones a la Ley de Educación.
Para ello, se instalarán mesas de trabajo con autoridades educativas y legisladores, en las que se revisará la efectividad de los protocolos actuales y se propondrán nuevas estrategias de prevención de la violencia en las aulas.
¿Cómo se abordará la responsabilidad de los padres y la prevención?
Aunque el papel de los padres de familia es parte de la discusión, Morales aclaró que no se prevé establecer una corresponsabilidad jurídica directa por las acciones de los menores, pues la legislación estatal no lo permite.
En cambio, la estrategia se enfocará en la prevención, el cuidado de la salud mental y la atención a problemáticas como las adicciones, factores considerados clave en la generación de entornos seguros y libres de violencia.
En este proceso legislativo, se ha reiterado que las reformas deberán priorizar dos ejes fundamentales: la garantía del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en espacios seguros, y la protección de los derechos laborales del magisterio.
