FGR detiene en Durango a conocido constructor y expresidente del CCE
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes 10 de noviembre la detención de un conocido empresario del sector de la construcción de Durango.
El presunto delito cometido es el de defraudación fiscal, según confirmó la propia instancia federal en un boletín informativo.
¿Quién es el empresario detenido en Durango por la FGR?
El detenido es Héctor Alfonso D. R., quien además de ser propietario de una conocida empresa constructora, ha ocupado cargos directivos dentro de organismos empresariales.
Fue, incluso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial entre 2008 y 2011, durante el sexenio de Ismael Hernández Deras.
¿De qué delito se acusa al expresidente del CCE en Durango?
Según el boletín informativo de la FGR, Héctor Alfonso fue acusado del presunto delito de "defraudación fiscal", que está considerado por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
En este, se señala que "comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal".
Sin embargo, también considera el uso de recursos de procedencia ilícita como parte de esta causa penal, aunque el comunicado no da mayores detalles sobre la presunción.
¿Dónde fue detenido Héctor Alfonso, famoso constructor de Durango?
La FGR señaló que la detención de Héctor Alfonso se dio en la colonia Valle del Sur de la ciudad de Durango, aunque no precisa en qué inmueble en específico.
Trascendió, sin embargo, que su búsqueda se concentraba en varios puntos de la ciudad y que estaba en marcha desde hace algún tiempo.
¿Cuál es la pena máxima por el delito de defraudación fiscal?
El Código Fiscal de la Federación señala que las penas de cárcel por el delito de defraudación fiscal se establecen con base al monto de lo defraudado.
Así, la pena mínima, que va de los tres mese a los dos años de cárcel, se le fija a quien no defraude más allá de los 2 millones 236 mil 480 pesos.
Mientras que la pena máxima, se alcanza cuando el monto del fraude supera los 3 millones 354 mil 710 pesos, y puede alcanzar de 3 a 9 años de prisión.
