Retrasos en procesos judiciales de Edomex por falta de traductores en lenguas indígenas
En el Estado de México, de acuerdo con el INEGI (2020), existen alrededor de 415 mil 450 personas que hablan alguna lengua indígena, principalmente mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlatzinca.
Para estas comunidades, el acceso a la justicia suele estar lleno de obstáculos. Los niveles de marginalidad, la discriminación y la falta de políticas de justicia intercultural los colocan en desventaja frente a cualquier proceso legal.
El derecho de todo ser humano a la justicia implica poder acudir a los tribunales, contar con un proceso justo y recibir atención pronta y clara.
Para los pueblos indígenas, este derecho se traduce en tener una defensa adecuada, que incluya intérpretes, traductores, peritos y abogados especializados. Sin embargo, en la práctica, esto casi nunca se cumple.
Hasta el 29 de septiembre de 2024, se habían recibido más de cuatro mil solicitudes de traductores e intérpretes en el Estado de México, principalmente en materia penal.
¿Qué dificultades enfrentan los indígenas en sus procesos legales?
Las comunidades indígenas en el Edomex enfrentan varios problemas al momento de buscar justicia:
- Discriminación y abusos en los procedimientos judiciales.
- Escasez de intérpretes y defensores que hablen su lengua y entiendan su cultura.
- Pocas denuncias de los delitos cometidos contra ellos.
- Procesos jurisdiccionales lentos e irregulares.
- Sentencias desproporcionadas al delito.
- Desconocimiento de sus sistemas normativos, usos y costumbres.
- Creación de instituciones para indígenas sin consulta previa a las comunidades.
Los tribunales deberían tomar en cuenta factores culturales, sociales, económicos y espirituales al juzgar a una persona indígena. Sin embargo, al ser privados de la libertad, muchos son tratados de forma desigual frente a los demás internos.
¿Qué hacen los traductores de lenguas indígenas?
En los procesos judiciales, el especialista en estas tareas se conoce como perito intérprete en lenguas indígenas. Su papel es fundamental:
- Ayudar a que una persona indígena entienda lo que ocurre durante el proceso.
- Permitir que pueda expresarse y defenderse correctamente.
- Asegurar que las audiencias y resoluciones no se den en desventaja.
Es importante distinguir entre traductor e intérprete:
- El traductor trabaja con textos escritos, pasando la información de un idioma a otro de forma fiel.
- El intérprete acompaña a la persona en el juicio, poniéndola en contexto jurídico y cultural, para que comprenda de qué se le acusa y pueda preparar una defensa junto con su abogado.
¿Cuántos traductores de lenguas indígenas hay en Edomex?
De acuerdo con el Centro Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), en los penales mexiquenses hay más de 344 personas indígenas privadas de la libertad, pero solo existen 10 traductores certificados, de los cuales únicamente dos son abogados.
Esto significa que no hay suficientes intérpretes para cubrir la demanda, lo que genera retrasos, procesos injustos y condenas desproporcionadas.
¿Cuáles son los casos que ejemplifican retrasos en procesos judiciales de Edomex por falta de traductores?
Existen casos emblemáticos que muestran lo que implica enfrentar un proceso sin traductor:
- Raúl Hernández Abundio, detenido en 2008 en Guerrero junto con otros integrantes de la OPIM, fue acusado de asesinato pese a las inconsistencias en su detención y las pruebas de su inocencia. Luego de más de dos años y cuatro meses de prisión, fue liberado en 2010.
- Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí, fue acusada de secuestrar a secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Fue condenada a 20 años, pasó 3 años en prisión y después fue liberada, recibiendo años más tarde una disculpa pública por parte de la PGR.
- Bonifacia Lugardo, mujer mazahua, fue privada de la libertad desde 2021 y condenada por homicidio contra su esposo, sin que se considerara el contexto de violencia familiar que vivía. Fue liberada gracias a la Ley de Amnistía con enfoque de género e interculturalidad, con intervención de la Secretaría de las Mujeres.
Estos casos reflejan cómo la ausencia de traductores e intérpretes vulnera el derecho a un juicio justo.
¿Qué se hace para mejorar el proceso judicial de las comunidades indígenas?
Algunas acciones recientes han buscado mejorar esta situación:
- Convenio del Poder Judicial con la Organización Mexicana de Intérpretes Traductores de Lenguas Indígenas A.C. para garantizar acompañamiento en juicios.
- Formación de intérpretes en la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), que trabaja en certificar profesionales en náhuatl, tlahuica, matlatzinca, otomí y mazahua.
- Según datos de Servicios Periciales, hasta agosto de 2024 se atendieron mil 188 asuntos con intérprete, principalmente en otomí, mazahua y náhuatl.
Aun así, los números muestran que la oferta sigue siendo insuficiente frente a la demanda real.
¿Qué dice la ley sobre los procesos legales en lenguas indígenas?
El marco legal es claro:
- La Constitución mexicana, en su artículo 2°, reconoce el derecho de las personas indígenas a contar con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura durante cualquier proceso.
- La falta de intérpretes vulnera directamente su acceso a la justicia, además de atentar contra su dignidad y derechos humanos.
La realidad es que mientras no existan suficientes intérpretes y defensores capacitados, los procesos judiciales en el Estado de México seguirán teniendo retrasos, irregularidades y sentencias injustas para las comunidades indígenas.
