EU señala impunidad y narcotráfico como retos para los derechos humanos de México, según reporte
Este martes 12 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su serie de informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos, que abarcan a 188 países de las regiones: África (Subsahariana), Asia Oriental y Pacífico, Europa y Eurasia, Oriente Próximo (Oriente Medio y Norte de África), Asia Meridional y Central y Hemisferio Occidental.
Dentro de esta lista de países estudiados, en los que se analiza "la situación de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente", se examinó el panorama de México durante 2024, afirmando que la impunidad y el narcotráfico fueron los mayores retos del país.
¿Qué señaló el reporte del Estados Unidos sobre los derechos humanos en México durante 2024?
El informe destacó que durante 2024 "no se produjeron cambios significativos en la situación de los " de México. En ese sentido, se enfatizó sobre la serie de delitos que han agravado el panorama, los cuales incluyen:
homicidios arbitrarios o ilegítimos; desapariciones; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; detenciones o reclusiones arbitrarias; graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de cargos penales o civiles para limitar la expresión; y violencia o amenazas contra activistas laborales o miembros de sindicatos".
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Varios de estos delitos, como puntualizaron, fueron ejercidos por "bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes", especialmente los violentos, entre homicidio, desapariciones forzadas, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de personas, soborno o intimidación.
En tanto, el gobierno estadounidense manifestó que el Gobierno de México "adoptó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos". Sin embargo, precisó que la impunidad y " los índices extremadamente bajos de enjuiciamiento" permitieron que estos delitos no fueran atacados.
A esto, agregó informes periodísticos sobre funcionarios gubernamentales que eran "cómplices" de bandas delictivas internacionales, cuyos índices de procesamiento y condena por sus abusos en los que estaban implicados "eran bajos", cosa similar sobre los delitos relacionados al narcotráfico, de los que se dijo: "El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar".
¿Qué rubros fueron analizados sobre los derechos humanos en México?
El extenso informe está basado en tres secciones: vida, libertad y seguridad de las personas. Dentro de la sección de vida se contemplan los temas: ejecuciones extrajudiciales y coerción en el control de la población.
En el caos del apartado sobre libertad, se analizan los rubros: libertad de prensa, derechos de los trabajadores, desaparición y secuestro, violaciones de la libertad religiosa y tráfico de personas.
Finalmente, en la sección de seguridad de las personas, se analizó: tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; protección de menores; protección a refugiados; y actos de antisemitismo e incitación antisemita.
Sobre las ejecuciones extrajudiciales y la libertad de prensa en México
En torno a las homicidios realizados por fuerzas de seguridad del Estado en contra de civiles, se señaló que hubo "múltiples reportes" de militares y policías involucrados en "ejecuciones arbitrarias", especialmente bajo contextos de tiroteos con grupos armados, en cuya mayoría, según se dijo, no fueron presentados cargos.
Un caso relacionado a este problema, se señaló uno ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Niños Héroes, Chiapas, en donde ONGs denunciaron que hubo 25 muertos, incluidos civiles, mientras que gubernamentalmente fueron reconocidos 10 fallecidos y no hubo sanciones a agentes de la Guardia Nacional.
Por otro lado, en cuanto a la libertad de prensa, se afirmó que México cuenta con leyes que las garantizan, aunque afirmó que en 2024 persistió presión gubernamental, incluido el control de publicidad oficial, que desde el discurso presidencial estigmatizó a periodistas.
Lo anterior, se afirmó, generó "estigmatización", al tiempo que en ese año hubo cinco reporteros asesinados, más ataques a mujeres periodistas. Sumado a lo anterios, se señaló que gobiernos estatales y locales, así como crimen organizado, ejercieron censura directa o indirecta a este gremio.
Derechos laborales en México
Por otro lado, se señaló que reformas laborales ocurridas en 2019 fortalecieron la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, pero que su aplicación fue limitada, pues hubo prácticas antisindicales, como despidos, intimidación y contratación fraudulenta.
En tanto, afirmaron que los sectores agrícolas y de maquila denunciaron explotación, contratos laborales abusivos y condiciones de trabajo precarizadas. Lo anterior, pese a nuevos estándares laborales, en los que la informalidad laboral alcanzó cerca del 50% de la fuerza laboral.
Adicionalmente, se mencionó que los salarios estuvieron debajo de lo legal, jornadas excesivas, falta de prestaciones y uso del "banco de horas" para no pagar horas extra.
Desapariciones y prisión preventiva prolongada en México
A este panorama, se afirmó que las desapariciones forzadas siguieron siendo un problema grave y generalizado, en los que fue denunciada la complicidad de autoridades. Sobre esto, se sostuvo que las bases de datos oficiales estuvieron incompletas, junto a un sistema forense saturado.
Según sus datos, existe un bono de más de 115 mil personas que permanecieron desaparecidas o no localizadas, mientras que las personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos implicó riesgos para familiares y activistas, algunos siendo asesinados.
Aunado a este problema, persistió la prisión preventiva prolongada y abusos en los plazos legales, por lo que se citó el caso de Brenda Quevedo, mujer afectada por el caso Wallace, quien fue liberada tras 15 años en prisión, a pesar de no haber recibido sentencia alguna.
En este mismo rubro, se señaló que se mantuvieron la tortura y los tratos crueles en las prácticas de detenciones, con más de mil investigaciones en seis meses y reportes de abusos en centros migratorios y penitenciarios.
