Chiapas aprueba ley para apoyar a personas migrantes en movilidad

Como un acto que busca reivindicar los derechos humanos y su aplicación en Chiapas, el Congreso del Estado aprobó una ley para la atención y protección de quienes viven el contexto de movilidad humana sean o no mexicanos. 

Entrada natural de quienes desde Centroamérica buscaban el “sueño americano”, y punto de partida de una veintena de caravanas en los últimos dos años, que vieron frustrados sus intentos de llegar a la frontera norte, Chiapas es la entidad donde más personas solicitan la calidad de refugiados o hacen trámites para su permanencia en México, lo que provoca una alta presencia de personas en situación de calle o con economía vulnerable para ellos y sus familias en tanto los trámites concluyen. 

El presidente de la mesa directiva Luis Ignacio Avendaño, dio a conocer que no se trata de una modificación del estatus legal de las personas en tránsito, sino de unir esfuerzos y recursos para poder atender las necesidades de la Frontera Sur, por medio de la Secretaría estatal del ramo. 

¿Qué pasa con los migrantes en Chiapas?  

Con una extensión superior a los 658 km de frontera, a pesar de existir siete puntos de entrada formal terrestre en Chiapas, reconocidos por la Secretaría de Gobernación, las condiciones naturales facilitan el cruce informal de migrantes reflejando una alta porosidad en la frontera, especialmente por caminos de extravío o usando el cruce del Río Usumacinta, donde miles pasan a diario sin un control aduanero o militar. 

Tan solo en el 2024 se calcula que más de 800,000 personas extranjeras de diferentes nacionalidades ingresaron al Estado de Chiapas, miles de las cuales buscaron solicitar asilo a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados -COMAR-.

El legislador promovente señala que la migración no es solo un desafío logístico de control de flujo sino un fenómeno que aporta diversidad cultural social y económica al estado. 

¿Qué buscan los legisladores con una ley para migrantes?

El legislador del partido verde Luis Ignacio Avendaño señaló que, sin trastocar las áreas de competencia del Gobierno Federal, en Chiapas con la “Ley para la Atención y Protección a los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana”, trabajada en conjunto con especialistas de la Universidad Autónoma de Chiapas, se organiza con claridad el esfuerzo y los recursos que ya se destinan para la atención de los migrantes. 

Subrayó que, a través de la Secretaría de la Frontera Sur, impulsada por el actual gobierno del estado, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, se coordinarán los esfuerzos correspondientes para cumplir con el respeto a los derechos humanos de los migrantes, que tan solo en el 2024, también ubicó a Chiapas como el estado donde más se solicitan tarjetas de visitante regional, y visitante trabajador fronterizo, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB. 

Denuncian organizaciones falta de atención federal a solicitudes de migrantes

Organizaciones sociales agrupadas en el Observatorio de la Frontera Sur denunciaron la falta de atención oportuna en la COMAR a las solicitudes de asilo, mismas que mantienen a más de 4 mil personas migrantes en espera tan sólo en la ciudad de Tapachula, viviendo en condiciones precarias y de vulnerabilidad. 

Por medio de un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura,  y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; entre otras organizaciones agrupadas en el “Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur” destacó que ha documentado con grave preocupación el deterioro institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), “lo cual afecta el acceso a derechos fundamentales de las personas migrantes, como el procedimiento de asilo en el sureste mexicano”.

En un análisis de la situación actual, subrayan que los vuelos humanitarios “se quedan en promesas”, pues de febrero a junio de 2025 únicamente se han realizado siete; sin tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes.

Además, afirman que se han documentado actos de corrupción donde están involucrados funcionarios federales de la COMAR y abogados particulares, que estarían lucrando con el acceso a los trámites de refugiados, como la posibilidad de ser elegibles. 

Cabe señalar que el pasado 18 de junio por la noche, autoridades migratorias federales y de seguridad estatal de Chiapas desmantelaron el mayor campamento que migrantes, en su mayoría venezolanos, mantenían frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, y fueron enviadas vía terrestre a Tapachula.

Fueron familias completas entre las casi 100 personas, que sin previo aviso fueron desalojadas.