Reforma a la Ley Amparo: ¿cuáles son los cambios propuestos?

El pasado 15 de septiembre de 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en el Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria  de los artículos 103 y 107 de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La propuesta, de acuerdo con el Ejecutivo federal, busca modernizar y agilizar la Ley Amparo, garantizando que sea más sencillo, social y accesible para los ciudadanos. 

Sin embargo, el proyecto ha generado un fuerte debate entre quienes lo ven como un avance procesal y quienes lo consideran un retroceso en la protección de los derechos humanos.

¿Qué es la Ley Amparo?

La Ley Amparo es el principal medio de defensa legal en México para proteger los derechos humanos frente a actos, omisiones o normas emitidas por autoridades o particulares en ciertos casos. 

Su función es garantizar que ninguna persona sea vulnerada por medidas ilegales o arbitrarias.

¿Cuáles son los cambios centrales de la reforma?

Entre los aspectos más relevantes destacan:

• Redefinición del interés legítimo: ahora la lesión jurídica debe ser real, actual y diferenciada del resto de la ciudadanía, evitando demandas basadas en expectativas.

• Restricciones a la suspensión del acto reclamado: especialmente en casos de bloqueo de cuentas bancarias por la UIF, deuda pública, sistema financiero y órdenes de aprehensión.

• Plazos y sanciones: se fijan tiempos ciertos para evitar retrasos en los juicios y multas que serán cubiertas por las instituciones, no por funcionarios a título personal.

• Juicio de amparo digital: se busca habilitar un modelo con validez jurídica y operatividad práctica, aunque opcional para quienes no tengan acceso a Internet.

• Limitaciones a la ampliación de demanda: solo en los casos expresamente previstos en la ley.

• Cumplimiento de sentencias: se define con claridad qué autoridades están obligadas a acatar las resoluciones y bajo qué circunstancias puede declararse la imposibilidad de cumplimiento.

• Armonización normativa: ajustes al Código Fiscal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para facilitar la recaudación de créditos fiscales.

Si bien se reconoce la necesidad de combatir la dilación y el abuso del amparo, críticos de la reforma argumentan que limita herramientas esenciales de defensa frente a abusos de autoridad. 

Especialistas en derechos humanos han calificado la propuesta de regresiva, señalando que debilita la protección ciudadana frente al poder del Estado.

El Senado acordó la realización de audiencias públicas los días 29 y 30 de septiembre de 2025, en las que participarán especialistas, organizaciones civiles y autoridades para analizar los alcances de la reforma antes de su discusión y eventual aprobación.