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3 puntos clave para entender el proyecto Ley de Amparo 2025
El Senado de la República alista la discusión de un proyecto de reforma que busca actualizar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras una revisión en las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda, el dictamen incorpora cambios que pretenden modernizar los procesos judiciales, clarificar conceptos fundamentales y agilizar el acceso a la justicia.
¿Qué cambia con la definición de interés legítimo y la digitalización del amparo?
Uno de los puntos centrales es la precisión del concepto de interés legítimo; con la reforma, una persona podrá promover un amparo no solo por afectaciones directas ya consumadas, sino también frente a riesgos de daño, incluso si la afectación es de carácter colectivo.
La intención es evitar amparos sin vínculo real con un daño o riesgo y, al mismo tiempo, garantizar la protección de derechos colectivos.
En paralelo, se establece la digitalización como regla general para los juicios de amparo.
Las autoridades estarán obligadas a usar el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, mientras que para los particulares será opcional.
Los expedientes físicos y electrónicos tendrán plena equivalencia; el Poder Judicial tendrá 360 días para adecuar su plataforma y 180 días para definir la integración de expedientes digitales.
¿Cómo impacta en los plazos y procedimientos judiciales?
El dictamen amplía de 60 a 90 días el plazo máximo para que los jueces dicten sentencia en amparo indirecto, en concordancia con criterios de la Suprema Corte.
En suspensiones relacionadas con procesos penales, el tiempo para presentar garantías aumenta de tres a cinco días, con el fin de no afectar a sectores vulnerables que enfrentan dificultades para acceder a fianzas.
También se limitan los intentos de retrasar juicios mediante recusaciones infundadas y se establece que solo podrá ampliarse la demanda si aparece un nuevo acto desconocido al momento de la presentación inicial.
¿Qué implicaciones tiene en materia fiscal y sanciones?
En lo fiscal, la reforma endurece los requisitos para suspender el cobro de créditos confirmados: será obligatorio entregar una garantía en forma de billete de depósito o carta de crédito bancaria.
Una vez que el crédito sea firme, no se podrán interponer nuevos recursos para frenar su cobro. En cuanto a sanciones, las comisiones decidieron no incorporar castigos adicionales contra autoridades que incumplan sentencias de amparo.
Se mantiene el marco actual, que incluye multas por desacato, sin modificaciones.
Asimismo, se reafirma la protección del mínimo vital, garantizando que aun con cuentas bloqueadas los ciudadanos puedan acceder a recursos para su subsistencia.
El dictamen será sometido a votación este miércoles al mediodía en comisiones y se prevé que pase al pleno en la sesión de la tarde-noche.