Contaminación en Nuevo León: estas son las multas a empresas contaminantes
En Nuevo León, la actividad industrial es motor económico pero también fuente de graves problemas ambientales.
En los últimos años, la Secretaría de Medio Ambiente y la Profepa han clausurado empresas por exceder límites de emisiones, manejar inadecuadamente residuos peligrosos o contaminar cuerpos de agua.
Frente a este escenario, la legislación estatal establece sanciones y medidas claras para quienes dañen el medio ambiente.
¿Qué conductas considera violación la Ley Ambiental del Estado?
La Ley Ambiental de Nuevo León tipifica múltiples conductas como infracciones ambientales: desde depositar residuos en lugares no autorizados, incumplimiento en manejo y disposición final, hasta superar límites de emisiones sin cumplir con normas oficiales, así como vertidos de aguas residuales sin tratamiento adecuado.
- También se incluyen actividades que amenacen la calidad del suelo, ruido excesivo, olores, vibraciones y la realización de obras sin autorización en áreas naturales protegidas.
Estas disposiciones reflejan un marco legal amplio que identifica diversos riesgos ambientales y responsabiliza a quienes alteren el entorno sin control.
¿Cómo se sancionan estas violaciones y qué mitigantes existen?
El castigo por violaciones se define considerando factores como la capacidad económica del infractor, su intención, ganancias obtenidas y reincidencia.
La autoridad puede ofrecer como alternativa al pago de multas la inversión equivalente en tecnologías anticontaminantes, equipos o proyectos de restauración ambiental, siempre que beneficien a la comunidad y estén debidamente justificados.
Esto permite una vía más reparadora y menos punitiva, incentivando que las empresas adopten medidas de prevención o corrección en lugar de simplemente pagar multas.
¿Qué nuevas herramientas normativas y legales se están impulsando?
Recientemente, el gobierno estatal presentó reformas para otorgar facultades que anteriormente eran exclusivas del ámbito federal, con el objetivo de vigilar y sancionar fuentes de contaminación del aire, suelo y agua directamente desde el nivel estatal.
Además, se creó la División Ambiental, una instancia con respaldo de Fuerza Civil y la Fiscalía Ambiental, con capacidad para perseguir penalmente delitos graves como vertederos clandestinos, contaminación de cuerpos de agua o tala ilegal.
