¿Quién es el responsable de un inmueble abandonado? Esto dice la ley
Ante las miles de casas e inmuebles abandonados y sin uso en Nuevo León los cuales se convierten en focos de inseguridad, insalubridad y conflictos vecinales, surge la duda de quien debe responder por estos ante la ley en el Estado.
¿Qué marca la ley de Nuevo León sobre los inmuebles abandonados?
Y es que tan solo en el área metropolitana de Monterrey, tienen contabilizadas más de 15 mil propiedades abandonadas, cientos de ellas ligadas a procesos judiciales, sucesiones inconclusas o actividades delictivas.
Frente a este fenómeno, la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de Nuevo León señala que los bienes inmuebles asegurados o que fueron declarados en abandono, quedan bajo la administración directa de la Fiscalía estatal; esto siempre y cuando el propietario no los reclama en el plazo establecido.
- La responsabilidad recae específicamente en la Unidad de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, la cual debe custodiar, conservar y gestionar el inmueble; aunque la misma puede designar un administrador del inmueble, no debe otorgarle facultades para rentarlo, venderlo o hipotecarlo.
¿Qué autoridades son las encargadas de supervisar el proceso?
Además de la Unidad de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, existe una Comisión supervisora, integrada por otras instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Finanzas, quienes revisan y se aseguran que los inmuebles abandonados sean gestionados conforme a la ley.
- Con lo anterior buscan evitar el deterioro de los bienes y al mismo tiempo, proteger los derechos de terceros, es decir que estén interesados legítimamente sobre la propiedad.
¿Qué pasa con las casas abandonadas en los municipios?
Cuando una casa o un inmueble es de carácter municipal o pertenece al dominio público, cada ayuntamiento tiene sus regulaciones .
Un ejemplo es Monterrey, que tiene un reglamento que permite recuperar o incorporar estos inmuebles al patrimonio municipal; en caso de que no se reclamen o que no haya riesgos para la población.
