Aumento de tarifa en transporte público es inminente, 30% de unidades son chatarra
El Subsecretario de Transporte del estado, Armando Núñez Montelongo, abordó la inminente posibilidad de un nuevo aumento a la tarifa del transporte público, justificando la medida como un paso necesario para la modernización del servicio.
El funcionario reconoció que por nueve años no se otorgó un incremento, lo que provocó que no se pudiera exigir a los concesionarios la mejora de sus unidades y el servicio.
Esta falta de actualización en las tarifas es, según el Subsecretario, un problema heredado que ha afectado tanto al gobierno como a los transportistas.
Ahora, la dependencia estatal se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de un ajuste económico con la demanda ciudadana de un transporte digno y seguro, por lo que se ha puesto en marcha un riguroso proceso de estudio antes de tomar una decisión final.
¿Por qué se considera otro incremento a la tarifa?
La justificación principal para el ajuste tarifario radica en la incapacidad de modernizar el servicio sin que los concesionarios cuenten con los recursos necesarios.
El Subsecretario recordó que, después de un largo período sin incrementos, el año pasado se aprobó un aumento de dos pesos, y el estudio actual apunta a la posibilidad de un peso más, lo cual se espera que sea suficiente para cubrir los costos operativos de las rutas.
Para respaldar esta decisión, se ha puesto en marcha un estudio de costos exhaustivo, donde el personal de la Subsecretaría ha estado subiendo a las unidades desde las 5 de la mañana para verificar el aforo real de pasajeros y el costo operativo por ruta.
Este ejercicio busca confrontar las quejas de los operadores, quienes aseguran que solo les quedan 800 pesos diarios, y detectar posibles fugas de recursos que impiden a las rutas ser rentables, exigiendo a los concesionarios que cuiden sus ingresos.
¿Qué se hará con el 30% de las unidades consideradas "chatarra"?
Una de las revelaciones más preocupantes durante la reunión fue que, aproximadamente, el 30% de las unidades de transporte público en el estado son consideradas "chatarra".
Estas unidades, que por sus condiciones mecánicas representan un riesgo para la seguridad de los usuarios, serán dadas de baja de manera definitiva mediante un proceso estricto, el Subsecretario fue enfático al señalar que cualquier vehículo que no esté en condiciones de circular no pasará la "revista mecánica" obligatoria.
Este riguroso control busca garantizar que, aunque la modernización de la flota sea un proceso lento, las unidades que sí presten el servicio cumplan con los mínimos estándares de seguridad para los pasajeros.
La medida busca equilibrar las deficiencias del transporte público con una garantía de seguridad, obligando a los concesionarios a invertir en el mantenimiento de sus vehículos o a retirarlos de circulación.
¿Cómo se está lidiando con la falta de rutas y la modernización lenta?
El Subsecretario reconoció que muchas rutas desaparecieron, en gran parte debido a que se volvieron incosteables tras la pandemia y los años de congelamiento de tarifas.
Para solucionar este problema, se está llevando a cabo un "reordenamiento" del transporte público, cuyo principal objetivo es optimizar los recorridos para que los usuarios no tengan que pagar un segundo pasaje para llegar a su destino.
Si bien la modernización del parque vehicular ha sido un proceso lento en la mayoría de la entidad, el funcionario destacó que la zona sur del estado se ha preocupado más por la organización de los concesionarios, lo que ha resultado en una mejora paulatina y notoria en sus unidades.
Este ejemplo de organización es lo que se busca replicar en otras zonas para poder exigir una modernización más rápida y efectiva en todo el estado.
¿Qué medidas se están tomando contra los servicios de transporte por app?
En cuanto a los servicios de transporte a través de aplicaciones, el Subsecretario informó que se están realizando operativos diarios con un programa de "usuario simulado".
A través de esta estrategia, personal encubierto solicita un servicio para verificar si la unidad y el operador cuentan con los permisos actualizados.
Si no los tienen, la unidad es inmovilizada hasta que el operador se regularice, un proceso que busca proteger al usuario y formalizar el servicio.
El Subsecretario compartió que más de 60 vehículos han sido inmovilizados en Reynosa y dos en Victoria. También mencionó que en Matamoros se había concedido una "tregua de 15 días" a petición del alcalde, pero que las operaciones ya se han reanudado.
El llamado a los operadores de estas plataformas es a que se regularicen, ya que, aunque empresas como Didi tengan amparos, el operador debe contar con su permiso para poder brindar el servicio.