Dan 175 años de cárcel a secuestradores en Tamaulipas
La justicia alcanzó a quienes hace más de una década sembraron miedo en Tamaulipas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuatro integrantes de un extinto grupo delictivo de la región, fueron condenados a penas de entre 150 y 175 años de prisión, tras ser encontrados responsables de múltiples secuestros ocurridos en 2013.
¿Quiénes fueron condenados y qué delitos se les imputan?
El Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coyotepec, Oaxaca, dictó 175 años de cárcel a José Heder R. y a Ricardo Román P., identificado con el alias de “El Coyote”.
Por su parte, Lorenzo R. y Juan Francisco R. recibieron una pena de 150 años cada uno. Todos fueron hallados culpables del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de ocho víctimas.
El proceso judicial fue posible gracias a las pruebas integradas por el Ministerio Público de la Federación, que acreditaron la participación de los sentenciados en los hechos.
¿Cómo ocurrieron los hechos que derivaron en estas condenas?
Los secuestros se registraron en 2013, cuando los ahora condenados operaban en Ciudad Victoria. En un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, hoy Secretaría de la Defensa), las autoridades irrumpieron en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina, donde fueron liberadas ocho personas que permanecían privadas de la libertad y detenidos los responsables.
Ese golpe representó un duro revés para la célula criminal, vinculada no solo a secuestros, sino también a otros delitos de alto impacto en la región.
¿Qué significa esta sentencia para Tamaulipas y el país?
La FGR destacó que estas penas son un precedente en la lucha contra la impunidad, pues se trata de condenas ejemplares que buscan enviar un mensaje de justicia a las víctimas y de advertencia a quienes atenten contra la seguridad de la población. Actualmente, los sentenciados cumplen su condena en distintos centros penitenciarios del país.
Más allá de las cifras y los nombres, este fallo representa un alivio para las familias que fueron marcadas por el dolor del secuestro. Al mismo tiempo, simboliza un paso más en la búsqueda de un Estado de derecho en Tamaulipas, una entidad que durante años enfrentó la violencia del crimen organizado.