Cuatro lesionados, cinco detenidos y escenas de violencia fueron el saldo de un desalojo de colonos en Reynosa. Foto: Ramón Sánchez
Desalojo en Reynosa: 300 familias pierden sus casas por orden judicial
Por:Ramón Sánchez
El operativo dejó cuatro lesionados, cinco detenidos y escenas de violencia; mientras que vecinos acusan engaños de políticos y reclaman apoyo para regularizar el predio.
¿Por qué se realizó el desalojo en la Colonia 23 de Marzo?
Un juez de control del Poder Judicial de Tamaulipas giró una orden de restitución de predio en favor de Gregoria Vázquez Pérez, viuda de Raúl García, propietario legítimo del terreno ocupado desde 2014 por alrededor de 300 familias.
Con base en esa resolución, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Guardia Estatal encabezaron un operativo para liberar el espacio ubicado al oriente de Reynosa, en la Avenida Luis Donaldo Colosio, cerca del puente internacional Reynosa-Pharr.
El cumplimiento estuvo a cargo del agente del Ministerio Público Delfino Morales Villanueva, quien acudió acompañado de personal ministerial y maquinaria de la constructora Martínez para demoler viviendas y bardas.
¿Cómo se desarrolló el operativo y qué saldo dejó?
Desde la madrugada del 1 de octubre se desplegaron los elementos. Al intentar ingresar, se encontraron con la resistencia de mujeres, jóvenes y padres de familia que bloquearon la avenida con piedras, palos y llantas.
El enfrentamiento escaló cuando un grupo de jóvenes arrojó piedras a policías y personal de la Fiscalía. La Guardia Estatal envió a su grupo antimotines, que avanzó bajo una lluvia de proyectiles.
Testigos reportaron disparos de salva y escenas de tensión que terminaron con cuatro personas lesionadas, cinco detenidos y daños materiales a vehículos oficiales y particulares.
¿Qué dicen los colonos desalojados?
El líder comunitario Eugenio Vázquez Ramírez aseguró que mantenían pláticas con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) para regularizar el predio, y mostró una carta dirigida a las autoridades, pero la orden judicial se impuso.
“Tenemos diez años aquí y porque ahora que estamos en tratos con el INSUS nos quieren sacar sin un diálogo”, denunció Vázquez.
Vecinos como Miguel Ángel Gracia y varias madres de familia reprocharon que gobiernos anteriores les otorgaron servicios básicos y credenciales de elector, lo que generó expectativas de legalización.
“Nos prometieron regularizar, aquí hay luz, agua, pavimentación, hasta casilla electoral, y ahora nos despojan”, expresaron entre lágrimas.
¿Qué pasará con las familias desalojadas?
Alrededor de las 11:00 horas ingresó la maquinaria pesada y comenzó la demolición de las casas, mientras los colonos retiraban sus pertenencias en medio de escenas de llanto.
Las familias aseguran que no tienen un lugar alterno para vivir y pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal para encontrar una solución.
