Empresarios de Yucatán rechazan nuevo impuesto gubernamental
El Consejo Coordinador Empresarial rechaza la posibilidad de implementar un bono de productividad que asumiría el empresariado yucateco, así lo señaló la presidenta del CCE, Claudia González Góngora.
La empresaria señaló que no les ha llegado una propuesta formal y solo han leído declaraciones al respecto por parte de la ATY y de los concesionarios.
¿Cuál es la postura del CCE ante la situación del transporte público?
González Góngora dijo que no pueden emitir una postura porque no tienen todos los elementos para hacerlo. Recalcó que lo primero que necesitan es tener la transparencia de los datos, ya que el transporte funciona con recurso público.
Por otro lado, dijo que desde hace 3 o 4 meses la ATY anunció que haría un estudio de trazabilidad en las rutas para saber dónde hay mayor y menor demanda, con el fin de hacer más eficiente el servicio. El informe de dicho estudio no se ha presentado, señaló.
Hasta ahora no tenemos toda la información integrada, pese a que ya hemos tenido reuniones con la ATY y concesionarios; entonces no podemos dar un diagnóstico.
Claudia González Góngora - Presidenta CCE
¿Por qué no aceptarían pagar un bono de movilidad?
La también presidenta de la Canirac Yucatán dijo que el sector empresarial del estado ya enfrenta retos financieros importantes debido a un impacto macroeconómico global. A esto se suma el tema de los aranceles y otras reformas que se están dando.
Señaló que Yucatán ya ocupa el séptimo lugar nacional en cuanto a carga de impuestos estatales, ya que actualmente existen seis impuestos locales. Tener uno más, dijo, no es algo que tengan contemplado aceptar.
No vemos como una posibilidad el hecho de que el sector empresarial pague un bono de carácter obligatorio, porque es unilateral y sería un impuesto nuevo.
Claudia González Góngora. - Presidenta del CCE
¿Cuáles serían las afectaciones en caso de que se imponga este bono de movilidad a las empresas?
La empresaria dejó claro que este impuesto afectaría seriamente al empresariado, el cual, señaló, es el sector productivo del estado y genera miles de empleos. De imponerse este bono productivo, que sería más bien un impuesto, se pondría en riesgo la viabilidad de las empresas.
Esta acción también podría derivar en la disminución de la plantilla laboral. Señaló que, si bien hay empresas medianas y muy grandes en el estado, la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas (mipymes), que sí verían muy trastocada su operatividad.
Para finalizar, señaló que ya han concretado reuniones tanto con la ATY como con los concesionarios para poder analizar el tema.
