Repartidores exigen a la SCJN frenar impuesto del 2 % a plataformas digitales
Repartidores exigen a la SCJN frenar impuesto del 2 % a plataformas digitales.

Repartidores de aplicaciones digitales se manifestaron esta mañana afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que el máximo tribunal del país no avale el cobro del 2 % por cada entrega realizada mediante plataformas de reparto.
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¿Cuándo se da esta iniciativa de imponer el impuesto del 2% a plataformas digitales?
El impuesto, aprobado en 2021 dentro del Código Fiscal de la Ciudad de México, permanece impugnado y pendiente de resolución. El artículo 307-TER del Código Fiscal capitalino establece un cobro del 2 % a las empresas de aplicaciones dedicadas al reparto de alimentos, paquetería y mercancías.
La medida fue presentada por el gobierno capitalino como un “aprovechamiento” por el uso de la infraestructura pública, argumentando que las vialidades, calles y avenidas son utilizadas intensivamente para este tipo de servicios y que las compañías deben aportar recursos para su mantenimiento.
Sin embargo, los repartidores sostienen que, en los hechos, este impuesto termina trasladándose a los trabajadores, reduciendo aún más sus ganancias ya de por sí limitadas. Aseguran que las empresas no absorben el costo y que el consumidor tampoco lo percibe directamente, por lo que consideran que ellos son los más afectados.
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Manifiesto en una sede blindada la SCJN
Los manifestantes llegaron desde temprano a las inmediaciones de la SCJN, donde las calles se encontraban resguardadas con vallas metálicas rompeolas que impidieron el acceso a la puerta principal.
Ante el cerco de seguridad, los repartidores realizaron su protesta sobre la vialidad, portando cartulinas y lanzando consignas para visibilizar su inconformidad.
Denunciaron que el blindaje de la zona limita el derecho a la protesta y pidieron a los ministros escuchar sus argumentos antes de emitir una resolución
“No somos voluntarios, somos trabajadores”
Los grupos participantes recordaron que no cuentan con prestaciones laborales ni seguridad social, por lo que cualquier recorte a sus ingresos representa un impacto inmediato en su economía. Recalcaron que desempeñan un trabajo esencial para miles de usuarios en la ciudad y que el impuesto no toma en cuenta su precariedad laboral.
Los repartidores solicitaron que, en lugar de un nuevo gravamen, se impulse una regulación integral que reconozca sus derechos laborales y garantice condiciones justas. Advirtieron que continuarán movilizándose hasta que la SCJN determine si la reforma fiscal es constitucional o si debe ser anulada.
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