Jubilados y docentes del Edomex exigen resolver fraude de funeraria CIF
Afectados por contratos incumplidos se manifiestan en Toluca; hay más de 280 denuncias formales, se estima que el fraude alcanzó a 150 mil personas.
Este lunes, extrabajadores del gobierno estatal, jubilados, maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y exempleados de diversos municipios se congregaron frente al Palacio de Gobierno en Toluca para exigir la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ante un presunto fraude cometido por la empresa Certificado Integral Funerario (CIF).
Los manifestantes bloquearon la avenida Lerdo de Tejada y pidieron una solución sin que implique recursos públicos, así como el castigo a los responsables de los contratos incumplidos.
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¿Qué tipo de contratos ofrecía CIF?
Según los denunciantes, desde 2005, CIF ofrecía servicios funerarios vitalicios mediante descuentos vía nómina.
Los pagos eran quincenales, con montos entre 200 y 400 pesos, y se ofrecía cobertura para servicios funerarios integrales; la mayoría de los afectados son personas jubiladas del sector público.
¿Cuántas denuncias existen y cuál es el impacto?
Óscar Chávez Espinoza, abogado de un grupo de afectados, informó que ya se han presentado al menos 280 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero el número de personas defraudadas podría superar las 150 mil en más de 100 municipios mexiquenses.
“El llamado es a que el gobierno coadyuve con la solución sin afectar el erario. Lo que se busca es que CIF cumpla y que se sancione a los responsables”, dijo el abogado.
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¿Qué detonó la visibilidad del caso?
El caso ganó notoriedad pública luego del fallecimiento de una joven en febrero pasado, cuando su padre, un servidor público que había contratado los servicios de CIF, no pudo acceder a los beneficios contratados.
¿Cuál es la principal preocupación de los denunciantes?
Los afectados temen que las investigaciones se prolonguen por años, ya que el 90% de quienes han presentado denuncias son adultos mayores, lo que agrava la situación si no se resuelve a corto plazo.
En ese sentido, llamaron a que se haga lo necesario para dar celeridad al asunto y garantizar que las personas afectadas contarán con el servicio o se les reintegrará lo que pagaron por él.
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