Seguridad en transporte público de Edomex: índices de incidentes y medidas implementadas por autoridades
Usuarios del transporte público en Edomex reportan inseguridad; piden impulsar medidas y reformas para enfrentar robos y violencia de género.
Cada día, miles de personas dependen del transporte público en el Estado de México para llegar a sus destinos. Sin embargo, el creciente número de robos y agresiones dentro de estas unidades ha encendido las alarmas.
En el 2024, el promedio diario de asaltos a combis y microbuses fue de 15.8, convirtiendo a la entidad en la más afectada del país por este tipo de delitos.
¿Qué municipios concentran más denuncias por delitos?
Zonas como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz e Ixtapaluca han sido señaladas por operadores y usuarios como puntos críticos. Ahí no solo ocurren asaltos frecuentes, sino también casos de extorsión a los conductores. Los transportistas afirman que deben enfrentar amenazas constantes y pagos ilegales a cambio de poder circular con normalidad.
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¿Qué tipo de violencia viven las mujeres durante sus traslados?
La inseguridad en el transporte público también tiene un fuerte componente de género. De acuerdo con el INEGI, 9 de cada 10 mujeres han sido agredidas mientras se trasladan en unidades colectivas.
Esta cifra refleja la urgencia de atender el problema desde una perspectiva integral que también incluya la prevención del acoso y la violencia sexual.
¿Qué acciones se esperan para reducir los delitos en el transporte público?
Aunque la problemática está identificada, el reto principal sigue siendo la implementación de medidas eficaces y permanentes. Los usuarios coinciden en que hace falta una estrategia integral que vaya más allá de operativos esporádicos o campañas de prevención.
Entre las propuestas más urgentes que se han puesto sobre la mesa destacan:
Mayor presencia policial en rutas de alto riesgo.
Instalación de cámaras de vigilancia funcionales dentro de las unidades.
Capacitación obligatoria para operadores.
Revisión de concesiones en zonas con alta incidencia delictiva.
Los transportistas, por su parte, han solicitado garantías para poder trabajar sin ser extorsionados ni agredidos, así como canales directos con autoridades para denunciar amenazas sin represalias.
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