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Auditoría detecta irregularidades de más de 270 millones de pesos en Poder Judicial durante 2024

Las mayores irregularidades fueron encontradas en contratos otorgados para servicios tecnológicos y de mantenimiento

Norma Lucía Piña Hernández. Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Norma Lucía Piña Hernández. Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Por: Jesús Morales

Durante su segundo reporte sobre el gasto realizado por el gobierno federal durante 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó irregularidades por más de 270 millones de pesos en el ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal, durante el último año de gestión de la entonces ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

El reporte responde a lo presentado, el pasado jueves 23 de octubre, por la ASF ante la Cámara de Diputados, en cuyo desglose se precisó que, durante la Cuenta Pública 2024, el gobierno federal no aclaró 550 millones de pesos, de cuyo monto el 49% correspondió al Poder Judicial de la Federación.

¿Cuál es el monto irregular detectado en la Cuenta Pública 2024 para el Consejo de la Judicatura Federal?

Las cuentas que no fueron aclaradas por el Consejo de la Judicatura Federal, según lo presentado, resulta en una cantidad de  272.4 millones de pesos, lo que la convierte en la institución federal con los montos presuntamente irregulares más altos.

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Estos pagos irregulares corresponden a contratos que fueron adjudicados a servicios de seguridad privada, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento de edificios, mantenimiento de equipos tecnológico y pólizas, de los cuales faltó una comprobación de contratos.

Servicios tecnológicos, con mayor monto irregular

De estos rubros, la ASF reveló que las presuntas mayores irregularidades se encontraron en los servicios que fueron contratados por el Consejo de la Judicatura para equipos tecnológicos, que corresponden a pagos por cerca de 201 millones de pesos, distribuidos en 10 contratos y cinco convenios dentro de su ejercicio fiscal 2024.

Tales contratos fueron otorgados para mantenimiento correctivo y preventivo para equipos tecnológicos, de audio y video, impresión, digitalización, copiado, red local LAN, soporte de software de firma electrónica, equipos de seguridad, más servicios de licencias y soporte.

Según las auditorías, los servicios prestados no fueron acreditados, así como tampoco se detectó que hubieran ocurrido penalizaciones por servicios que tardaron en ser prestados, algunos con una demora de hasta siete meses.

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En esta misma comprobación, detectaron que existía una discrepancia entre el número de equipos que estaban instalados y operando durante el servicio, al tiempo que tampoco encontró que hubiera evidencia de funcionalidad en los equipos de impresión y digitalización.

Servicios de mantenimiento en edificios

En segundo lugar, la suma más alta corresponde a 49.4 millones de pesos irregulares en servicios de mantenimiento de edificios y vehículos, limpieza, así como arrendamiento de inmuebles y vehículos, que correspondió a 12 contratos.

Los contratos en los que faltó comprobación, además de que no se identificó varios servicios de mantenimiento en inmuebles, también esto se encontró en los de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos.

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En esta mismo rubro, también fueron encontradas estas irregularidades en servicios de limpieza en 51 inmuebles ligados al Consejo de la Judicatura, con sede en Acapulco, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana, Tlaxcala, Villahermosa o Zacatecas.

Servicios de seguridad y vigilancia

En el tercer rubro con mayores montos irregulares, están 21 millones de pesos, vinculados a 18 contratos y un convenio modificatorio, para servicios de seguridad y vigilancia en inmuebles de esta institución, cuya documentación no fue acreditada adecuadamente.

Los servicios de vigilancia, por ejemplo, carecieron de documentación sobre el control de turnos de los elementos de seguridad, así como reportes mensuales que comprobaran que el servicio fue prestado en 14 inmuebles en Benito Juárez,Ciudad Reynosa, Cuernavaca, Hermosillo, Monterrey, Morelia, Salina Cruz, San Bartolo Coyotepec y Tepic.

Particularmente, también señalaron irregularidades en inmuebles en Chihuahua, Chihuahua, donde no se presentó evidencia para corroborar que el personal de vigilancia prestó sus servicios durante los meses de  mayo, junio, septiembre y noviembre.

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Como otra irregularidad, se encontró que el Consejo de la Judicatura Federal no validó una póliza de fianza, contratos por mantenimiento o reparación del mobiliario, listado del inmobiliario sujeto a mantenimiento, equipo de cocina y constancias de los mantenimientos realizados con un monto de 431 000 pesos, por servicio de comedor.

Esto por dos contratos abiertos que se pagaron y estuvieron vigentes por servicios de comedor general y servicio de comedor general para las administraciones regionales en Toluca, Zapopan, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala 2024.

ASF emitió recomendaciones al Consejo de la Judicatura Federal

El desglose, que corresponde a un presunto manejo irregular de 272 millones de pesos, fue establecido en el cumplimiento forense 2024-0-03110-23-0108-2025 de la ASF.

Asimismo, este mismo órgano mencionó que, tras detectar estas anomalías, emitió 11 recomendaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 11 pliegos de observaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal al Consejo de la Judicatura.

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