CNDH llama a Gobierno de Puebla a revisar Ley de "Ciberasedio" ante posible censura
La CNDH pidió revisar el artículo 480 del Código Penal de Puebla por ambigüedades que podrían afectar la libertad de expresión en la nueva Ley de Ciberseguridad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un llamado al Gobierno de Puebla para revisar el artículo 480 de su Código Penal, a fin de evitar términos ambiguos y garantizar el respeto a la libertad de expresión, en la conocida Ley de "Ciberasedio" poblana.
El pasado 14 de junio, entró en vigor la Ley de Ciberseguridad de Puebla, en la que se tipifican los delitos de usurpación de identidad, espionaje digital y ciberacoso. no obstante, varias organizaciones han señalado que cuenta con definiciones ambiguas, las cuales podrían llevar a la censura.
¿Qué pidió la CNDH al Gobierno de Puebla sobre la Ley de "Ciberasedio"?
La posición de la CNDH fue difundida, el domingo 22 de junio, a través de un comunicado de prensa, en el cual reconoció que los gobiernos federales necesitan adoptar "medidas legales que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia digital".
No obstante, y a pesar de ese posicionamiento, manifestó su preocupación por su adhesión del artículo 480 al Código Penal poblano, la cual se publicó en este mes de junio y del cual señaló que se tipifica "de manera poco clara el delito de ciberasedio".
Expresamente, el órgano exhortó al Gobierno de Puebla a "revisar la redacción" de dicho artículo, con el fin de que se garantice "el cumplimiento del principio de legalidad y prevenir el uso del derecho penal como medio indirecto de censura o inhibición del ejercicio del derecho a manifestar ideas, pensamientos y opiniones por cualquier medio".
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¿Por qué la CNDH expresó su preocupación sobre la Ley de Ciberseguridad de Puebla?
Para la CNDH la preocupación está en el precepto penal en el que se detalla que habrán sanciones para quien "insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional", lo cual, reafirmó, cuenta con una "falta de claridad", la cual puede "potencialmente" ser usado para "un uso contrario a lo que se busca".
Dicho precepto penal impone sanciones de prisión de hasta tres años de cárcel y multa de hasta 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que implica una suma de $33 942 pesos.
Aunque la Comisión reconoció que es importante proteger la integridad emocional de las infancias y adolescentes, esta resaltó que el texto del artículo 480 cuenta con ambigüedades, las cuales podrían llevar a "restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión", cuando se trate de críticas, opiniones o manifestaciones en contextos de interés público.
En tanto, recordó que la libertad de expresión es un pilar para la democracia y debe protegerse ante cualquier tipo de censura, ya sea directa o indirectamente, ya que, precisó, "el derecho penal no debe utilizarse como medio para castigar el disenso, la crítica o el ejercicio libre de la palabra".
Sumado a lo anterior, la CNDH detalló que ha estado dando "seguimiento puntual" a este y otros casos similares, cuestión por la que se encuentra trabajando "una Acción de Inconstitucionalidad" que en su momento dará a conocer, la cual "recoge el clamor de numerosos grupos de comunicadores y ciudadanos", ante este tipo de legislaciones.
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¿Qué otras organizaciones se han pronunciado contra la Ley de Ciberseguridad de Puebla?
Varias organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por el uso punitivo que se le puede dar a esta legislación, especialmente porque afirman que podría derivar en la censura, intimidación o criminalizar a sectores como el periodismo y los medios de comunicación.
Tal es el caso de Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, quienes emitieron un comunicado conjunto a cerca de esta ley, precisando que "vulnera el principio de taxatividad penal y fue elaborada sin la asesoría técnica de especialistas en la materia".
Igualmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se pronunció al respecto, retomando lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto estar abiertamente en contra de cualquier forma de censura, por lo que hizo un llamado a la "revisión de marcos legales" que permitan la "criminalización" de la libertad de expresión.
Igualmente, Amnistía Internacional México se unió a estos pronunciamientos, la cual afirmó que las penalizaciones de dicha ley "podrían ser usados arbitrariamente contra periodistas, activistas y ciudadanos críticos. Lejos de proteger derechos, estas reformas los ponen en riesgo. La ciberseguridad no debe convertirse en una excusa para criminalizar la opinión ni para censurar voces disidentes".
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