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¿Cuándo es el último día para que paguen las utilidades? Te contamos al respecto

Cabe recordar que aunque es un derecho, no todas las empresas están obligadas a pagar utilidades a sus trabajadores

El reparto de utilidades debe comenzar desde el primer día hábil de abril hasta el último día de mayo para las empresas. (Fotografía: Canva)
El reparto de utilidades debe comenzar desde el primer día hábil de abril hasta el último día de mayo para las empresas. (Fotografía: Canva)

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Por: Gabriel Acosta

TORREÓN, Coahuila.-  Ya se acerca el mes de mayo, el cual trae consigo una bonificación adicional para algunos trabajadores: el pago de utilidades. La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional que garantiza a los empleados recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa para la que trabajan.

Según la Secretaría de Trabajo, el reparto de utilidades debe comenzar desde el primer día hábil de abril hasta el último día de mayo para las empresas, y desde el primer día hábil de mayo hasta el último día hábil de junio para las personas físicas.

 ¿QUIÉNES NO ESTÁN CONSIDERADOS EN EL PAGO DE UTILIDADES?

 Sin embargo, no todos los trabajadores tienen derecho a este pago. Los excluidos incluyen a los trabajadores domésticos, directores, administradores, gerentes generales, así como profesionistas y técnicos que reciben honorarios o prestan servicios sin relación de trabajo subordinado con el empleador. También se excluyen las empresas recién creadas durante su primer año de operación, el IMSS y las instituciones públicas con fines culturales o de beneficencia.

Para aquellos que sí califican, el reparto de utilidades se basa en el tiempo trabajado y los salarios percibidos. Las utilidades se dividen en dos partes iguales, una por la cantidad de días trabajados y otra por el monto de los salarios recibidos.

Es esencial recordar que este derecho tiene un propósito importante: reconocer el papel fundamental del trabajo en la generación de ganancias empresariales y promover la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza. Además, sirve como un incentivo para aumentar la productividad laboral.

En caso de no recibir el pago correspondiente, los trabajadores tienen hasta un año para denunciarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

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