Ley contra la extorsión: ¿cuál será la pena máxima tras los cambios aprobados?
El Senado aprobó por unanimidad una reforma que endurece la Ley para combatir la extorsión en México.

El Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de cambios de fondo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión , enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados.
Las modificaciones, votadas este miércoles, fortalecen el proyecto y elevan de manera significativa las penas para quienes cometan este delito, considerado uno de los más extendidos y dañinos para la vida económica del país.
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¿Qué cambios hizo el Senado a la ley contra la extorsión?
Las y los senadores aprobaron una veintena de ajustes que endurecen la ley y corrigen puntos que la oposición había señalado como débiles. Entre los cambios más importantes destacan:
La homologación del delito de extorsión en las 32 entidades, lo que obligará a que se investigue de oficio, sin que exista una persona denunciante plenamente identificada.
También se elevó la pena mínima a un rango de 15 a 25 años, con agravantes que pueden llevarla hasta 42 años de prisión, un aumento considerable frente a los seis a 15 años previstos en el texto anterior aprobado por Diputados.
Los casos que serán castigados incluyen modalidades como el cobro de derecho de piso, las extorsiones telefónicas desde prisiones, los montachoques y otras variantes ampliamente documentadas por autoridades y víctimas.
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¿Qué posición tomó la oposición y por qué hubo unanimidad?
A diferencia de la Cámara de Diputados, donde el bloque opositor votó en contra del dictamen, en el Senado sus demandas fueron incorporadas.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron desde octubre que la versión original reducía de manera preocupante las sanciones para un delito que crece exponencialmente y golpea tanto a pequeños comercios como a grandes empresas.
Las bancadas opositoras lograron que se recuperaran penas más altas, incluso para funcionarios públicos que omitan denunciar extorsiones.
En este caso, la sanción propuesta por Sheinbaum de 10 a 20 años de cárcel se restableció, luego de que Diputados la había reducido a cinco a 12 años.
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La senadora emecista Alejandra Barrales reconoció que las modificaciones “responden de fondo” a las preocupaciones planteadas, lo que permitió un voto unánime entre oficialismo y oposición.
El punto más crítico de la discusión fue la falta de recursos asignados para implementar la nueva ley.
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Senadoras del PAN y PRI advirtieron que sin presupuesto la operación de oficinas especializadas en las fiscalías estatales será inviable. Guadalupe Murguía, del PAN, alertó que la cruzada contra la extorsión podría quedarse “como un catálogo de buenas intenciones” si no se destinan fondos específicos.
El PRI también cuestionó la ausencia de recursos adicionales y pidió fortalecer a policías y ministerios públicos para garantizar que la ley funcione.
¿Qué enmiendas adicionales se aprobaron?
En la discusión particular, Morena propuso dos modificaciones que fueron avaladas:
Perspectiva de género en la atención a víctimas de extorsión.
La incorporación como agravante del uso de dispositivos, plataformas digitales o medios electrónicos para cometer el delito.
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Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, explicó que el objetivo es cerrar brechas que facilitan las extorsiones a través de telecomunicaciones y tecnologías digitales.
El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados, que deberá aprobar formalmente las modificaciones realizadas por el Senado.
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