López Obrador dispuesto a hacer públicas cuentas de Salinas Pliego
La disputa entre el presidente y el empresario continúa tras declaraciones de supuesta extorsión del SAT.
CIUDAD DE MÉXICO.- La controversia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego sigue subiendo de tono.
Y es que tras la acusación lanzada por el presidente de Grupo Salinas sobre presuntas prácticas de extorsión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desatado un debate sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La confrontación se ha dado ahora, después de que Ricardo Salinas Pliego, afirmó en un video difundido en redes sociales esta semana, que el SAT estaba realizando acciones de extorsión hacia los empresarios.
Según sus palabras, el SAT presentaba cuentas exorbitantes a las empresas y les ofrecía condonaciones a cambio de pagos parciales, a lo que, Salinas Pliego dejó claro que su empresa no cedería ante tales prácticas y se negaría a pagar más de lo que consideraba justo.
Mi mensaje para los #Gobiernicolas que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira nada más. pic.twitter.com/asorHgcCak
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2024
Ante estas acusaciones, el presidente López Obrador respondió instando a Salinas Pliego a presentar pruebas que respaldaran sus afirmaciones. El mandatario también anunció la disposición de hacer públicos los documentos que evidencian los adeudos de las empresas de Salinas Pliego en una página gubernamental, con el fin de que la población y expertos fiscales puedan analizarlos.
Que se entienda, si con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está pensando que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentará las pruebas y si presentará las pruebas actuamos.
La actual disputa plantea el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la relación entre el gobierno y el sector empresarial.
Y es que, por un lado, está la responsabilidad del gobierno de garantizar un sistema tributario justo y transparente, libre de prácticas corruptas. Por otro lado, está el derecho de los empresarios a exigir honestidad en el trato fiscal.
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