Organizaciones alertan sobre la negación de derechos humanos a migrantes en México
Observadores del fenómeno migratorio acusan que el gobierno mexicano no brinda apoyo suficiente a quienes se encuentran en situación vulnerable en el país.
A pesar de la disminución en el número de caravanas de migrantes que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos —lo cual ha reducido la presencia de solicitantes de asilo o permisos en la frontera sur de México— diversas organizaciones afirman que en en México no se respetan los derechos humanos ni los tratados de cooperación internacional.
A través de un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova —entre otras agrupadas en el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur— destacaron que han documentado con grave preocupación el deterioro institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), “lo cual afecta el acceso a derechos fundamentales de las personas migrantes, como el procedimiento de asilo en el sureste mexicano”.
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¿Qué está pasando con los migrantes que se quedaron varados en México?
De acuerdo con las organizaciones que acompañan y defienden el ejercicio de los derechos humanos de los migrantes que llegan a México, la asistencia humanitaria por parte del gobierno federal ha disminuido significativamente en los últimos años. Esto ha provocado una lista de espera de más de 4 mil personas que desean regresar a sus países de origen, luego de un fallido intento de ingresar a Estados Unidos a través de la frontera con México.
En un análisis reciente, las organizaciones subrayan que los llamados "vuelos humanitarios" se han quedado en promesas: de febrero a junio de 2025, únicamente se han realizado siete. Denuncian que no se está tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. Además, afirman haber documentado casos de corrupción que involucran a funcionarios federales de la COMAR y a abogados particulares, quienes presuntamente estarían lucrando con los trámites de solicitud de refugio.
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“Cabe destacar que desde el 20 de febrero, cuando se anunció el inicio de los vuelos de retorno voluntario, solo han partido siete vuelos con alrededor de 2,050 personas, bajo criterios opacos y discrecionales que carecen de transparencia”, indican en el comunicado. También alertan que muchas familias, sin recursos económicos, se ven obligadas a vivir en situación de calle y sin acceso a servicios básicos.
El pasado 18 de junio por la noche, autoridades migratorias federales y de seguridad estatal en Chiapas desmantelaron el mayor campamento de migrantes —en su mayoría venezolanos— que se encontraba frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Cerca de 100 personas, incluyendo familias completas, fueron desalojadas sin previo aviso y trasladadas por vía terrestre a Tapachula.
¿Qué piden las organizaciones sociales para apoyar a los migrantes?
Con base en los testimonios recogidos por las organizaciones sociales, estas solicitaron que la Secretaría de Gobernación aclare los criterios de selección para los vuelos humanitarios organizados por el Instituto Nacional de Migración, particularmente en el caso de las personas venezolanas. Piden que se dé prioridad a grupos familiares y a personas en condición de vulnerabilidad que llevan meses esperando.
Asimismo, exigen garantizar el funcionamiento adecuado de la COMAR mediante la asignación de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades operativas. Finalmente, solicitan que se investiguen y sancionen los presuntos actos de corrupción denunciados por los propios migrantes.
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