Revela INEGI pagar a narcos para entrar a pueblos
Analistas han señalado que los cárteles de la droga tienen como objetivo a los trabajadores del INEGI, así como a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia en algunas partes del país.
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México ha revelado que el año pasado se vio obligado a pagar a bandas criminales para poder realizar el censo en ciertas ciudades.
Analistas han señalado que los cárteles de la droga tienen como objetivo a los trabajadores del INEGI, así como a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia en algunas partes del país. La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI, Susana Pérez, ha informado a la Cámara de Diputados que los empleados del organismo se vieron forzados a contratar a delincuentes para llevar a cabo algunas entrevistas del censo, incluso uno de los funcionarios fue secuestrado en el intento.
Pérez ha afirmado que el problema es especialmente grave en las zonas rurales del país, donde el INEGI tuvo que emplear varios métodos para operar. En el centro y norte de México, donde la violencia relacionada con las guerras territoriales del narcotráfico y la migración es frecuente, los trabajadores del censo se han encontrado con comunidades agrícolas abandonadas, sin nadie a quien encuestar.
A pesar de ser financiado por el gobierno, el INEGI goza de una autonomía casi total para garantizar que las estadísticas no sean alteradas por los políticos. David Saucedo, analista de seguridad, ha afirmado que los cárteles de la droga y las bandas tienen como objetivo a los trabajadores del INEGI, así como a colaboradores de empresas encuestadoras y de mercadotecnia en algunas partes del país.
En estados conflictivos como Michoacán y Guerrero, los cárteles pueden buscar influir en los resultados de las encuestas para apoyar a políticos aliados.
Algunos partidos en México utilizan las encuestas para elegir a sus candidatos en procesos internos. La preocupación por el abandono de ciertas zonas por parte de las autoridades, que ahora están bajo el control de bandas de narcotraficantes, ha ido en aumento en el país.
Recientemente, las autoridades federales reconocieron que una manifestación en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, fue organizada por la banda de narcotraficantes Los Ardillos, con el objetivo de presionar al gobierno para liberar a dos líderes del grupo detenidos por posesión de drogas y armas.
En el estado vecino de Michoacán, los residentes han denunciado que los productos básicos en la región tienen un costo entre un 30% y un 50% más alto debido al control de distribución por parte de los cárteles de la droga. Los comerciantes han informado que los elevados precios se deben a los impuestos que cobra un cartel local o a la propiedad de los puntos de distribución a cargo de narcotraficantes.
La entrada de extraños a los pueblos y la realización de encuestas se ha vuelto peligrosa en la región.
En 2015, una turba asesinó y quemó a dos encuestadores que realizaban un sondeo sobre el consumo de tortillas en un pequeño pueblo al sureste de la Ciudad de México.
En 2016, tres hombres que trabajaban para una empresa de encuestas fueron rescatados de una turba que los golpeó brutalmente en el estado de Tabasco, en la costa del Golfo de México.
