Tribunal ratifica amparo a José Luis Abarca y ordena nueva audiencia sobre su medida cautela
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México ratificó el amparo concedido al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México ratificó el amparo otorgado al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, que ordena celebrar una nueva audiencia para evaluar si debe continuar en prisión o enfrentar su proceso en libertad, debido a las enfermedades que padece.
Aunque la decisión sea favorable, Abarca Velázquez no podrá abandonar la cárcel de manera inmediata, ya que mantiene otros procesos judiciales pendientes, por los cuales deberá solicitar el cambio de medida cautelar de forma individual.
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¿Cuál es el contexto legal del amparo?
El 10 de julio de 2024, Everardo Maya Arias, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Toluca, concedió el amparo tras considerar que las autoridades penitenciarias deben valorar los riesgos que implican las enfermedades del ex alcalde y su capacidad para recibir atención médica adecuada.
Esto surgió luego de que, en diciembre de 2023, un secretario en funciones de juez modificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada, decisión que Abarca impugnó argumentando que durante la audiencia no se tomaron en cuenta sus padecimientos médicos.
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¿Qué deberá hacer el juez en la nueva audiencia?
La sentencia ordena que el juez recabe y analice toda la documentación existente, sin permitir un nuevo ofrecimiento de pruebas, incluyendo reportes médicos, expedientes clínicos, inspecciones y peritajes.
Con base en esta información, se deberá determinar si las enfermedades del ex alcalde son mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas, y si representan un riesgo que justifique enfrentar el proceso en libertad.
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¿Qué delitos se le imputan a José Luis Abarca?
En este caso específico, la Fiscalía General de la República (FGR) lo procesa por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución del Tribunal solo afecta esta causa penal, mientras que otros procesos continúan activos y requieren medidas separadas.
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