Casi 3 mil policías de la Guardia Estatal en Tamaulipas han sido investigados por malas prácticas
La mayoría de las denuncias son por abuso de autoridad, extorsión y violencia contra mujeres.
En un hecho que ha encendido las alertas en el aparato de seguridad estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas tiene bajo investigación a 2 mil 847 elementos de la Guardia Estatal por señalamientos de corrupción, abuso y otras conductas graves cometidas entre 2021 y julio de 2024.
Las investigaciones se desprenden de quejas presentadas por ciudadanos y se han convertido en expedientes activos en la Dirección de Asuntos Internos.
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Las acusaciones van desde abuso de autoridad hasta intento de homicidio. Los casos han sido documentados tanto por civiles que aseguran haber sido víctimas de extorsiones, como por agentes que han incurrido en irregularidades durante operativos o detenciones.
¿Qué tipo de irregularidades se investigan dentro de la Guardia Estatal?
De acuerdo con la Dirección de Asuntos Internos, entre las principales causas de investigación se encuentran el abuso de autoridad, operar bajo influjo de alcohol, extravío de armamento o radios de comunicación, violencia física o psicológica contra mujeres, acoso sexual, daños a unidades oficiales, y en casos extremos, intento de homicidio.
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El cúmulo de denuncias revela una crisis de confianza en el cuerpo de seguridad.
¿Cuántas denuncias se han acumulado por año y qué reflejan estas cifras?
En 2021 se abrieron 883 expedientes contra policías estatales; en 2022, la cifra se redujo a 789, pero en 2023 volvió a repuntar con 878 investigaciones. Para julio de 2024, ya se cuentan 297 casos más.
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Estas cifras revelan que, pese a los cambios estructurales como el paso de Policía Estatal a Guardia Estatal, los problemas de conducta continúan sin solución definitiva.
¿Qué acciones tomará la Secretaría de Seguridad Pública para corregir esta situación?
Aunque la SSP ha señalado que continúa el seguimiento puntual de cada uno de los casos mediante los procesos administrativos internos, no se han detallado sanciones ejemplares ni medidas estructurales de depuración.
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La falta de transparencia en la resolución de los expedientes preocupa a organismos civiles, que exigen una transformación profunda en la formación y supervisión del personal operativo.
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En un estado donde la seguridad pública ha sido un tema prioritario, este volumen de denuncias internas contra quienes deberían proteger a la ciudadanía representa un desafío mayúsculo para las autoridades. Restablecer la confianza social será, sin duda, uno de los mayores retos del gobierno estatal.
