Estos gobernadores dicen que presos de Tamaulipas extorsionan a familias vía telefónica
A pesar de inhibidores de señal y revisiones constantes, autoridades de otros estados aseguran que las extorsiones se originan desde cárceles tamaulipecas.
En Tamaulipas, las autoridades penitenciarias aseguran contar con equipamiento de última generación para blindar los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).
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Sin embargo, la confianza en estas medidas se ve debilitada luego de que los gobernadores de Nuevo León y Guanajuato señalaran que gran parte de las llamadas de extorsión que reciben sus ciudadanos provienen precisamente de cárceles tamaulipecas. Esta contradicción ha reavivado el debate sobre la efectividad de los controles en los penales.
¿Qué medidas presume el gobierno dentro de los penales?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, actualmente se tienen instalados 40 inhibidores de señal, 12 arcos detectores de metal, cinco detectores tipo silla para revisar cavidades corporales, cinco sistemas de Rayos X, 51 detectores manuales, siete lectores biométricos, además de 235 cámaras fijas y 68 con rotación.
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A ello se suman 34 cateos interinstitucionales realizados en lo que va del año, con la participación de la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Comisión de Derechos Humanos.
El objetivo de estas acciones es impedir el ingreso y uso de objetos prohibidos, especialmente teléfonos celulares, que suelen ser la herramienta más utilizada para cometer extorsiones desde prisión.
¿Qué dicen los gobernadores de otros estados?
La narrativa oficial choca con las declaraciones de otros mandatarios. En mayo, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, aseguró que se han detectado intentos de extorsión originados desde penales de Tamaulipas y la Ciudad de México.
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Por su parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León, fue aún más directo: durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario afirmó que en su estado no sale “ni una sola llamada de extorsión”, pero que el 70 por ciento de ellas provienen del penal de Altamira, Tamaulipas.
Estas acusaciones generaron molestia en algunos sectores políticos, pero también preocupación entre la ciudadanía, que observa cómo la tecnología instalada en los penales parece no ser suficiente para frenar el delito.
¿Qué queda pendiente en el sistema penitenciario tamaulipeco?
Aunque las autoridades destacan la inversión en tecnología y las constantes revisiones, persiste la falta de información pública sobre los resultados de los cateos. La última vez que se detalló lo incautado al interior de los CEDES fue en 2023, lo que genera dudas sobre la transparencia del sistema.
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Para los familiares de internos y para los ciudadanos que han recibido llamadas de extorsión, la discusión no es técnica sino humana: ¿cómo es posible que, pese a tanta tecnología, las llamadas sigan saliendo? La contradicción no solo afecta la imagen del sistema penitenciario, sino también la confianza en la seguridad pública de Tamaulipas.
El reto es enorme: blindar los penales de verdad, garantizar la seguridad al exterior y demostrar que la tecnología no se queda en un simple catálogo de equipos, sino que realmente cumple con proteger a la sociedad de los delitos que se siguen planeando desde dentro.
