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Yucatan

Fraudes, especulación y terrenos fantasmas: la otra cara del boom inmobiliario en Yucatán

El auge inmobiliario en Yucatán ha traído una ola de fraudes, terrenos irregulares y desarrollos fantasma afectando a muchas familias

Son cientos de familias afectadas por los fraudes inmobiliarios en Yucatán Foto: Captura de video/Canva
Son cientos de familias afectadas por los fraudes inmobiliarios en Yucatán Foto: Captura de video/Canva

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Por: Alexis Lara

Mientras el mercado inmobiliario presume cifras récord en ventas y plusvalía, otro fenómeno crece en silencio: el de los fraudes, los terrenos sin servicios y los desarrollos que nunca se entregan, lo que ya afecta a cientos de personas en Yucatán

Tan solo en el último año, en la entidad se han registrado casi 200 denuncias formales por fraude inmobiliario, según el Colegio Notarial del Estado, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor.

Dos de los casos más recientes son los de la empresa Foret y el de Grupo Inverco, lo que ha generado manifestaciones por parte de los afectados que exigen justicia ante las acciones de estas construcciones o promotoras de ventas de inmuebles. 

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¿Qué pasa con el caso de Grupo Inverco y Pedregales de Misnébalam?

Más de 700 compradores denuncian a la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., conocida comercialmente como Grupo Inverco, por no entregar terrenos ni casas en el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, al norte de Mérida.

El presunto fraude asciende a más de 500 millones de pesos, y las investigaciones ya involucran a la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

Los afectados afirman que la empresa vendió propiedades sin permisos completos, con terrenos aún en proceso de escrituración y promesas de entrega que nunca se cumplieron. Parte del escándalo alcanzó incluso tintes políticos, pues uno de los socios de la desarrolladora sería Rolando Alberto Bello Mejía, sobrino del exgobernador Rolando Zapata Bello.

A más de un año de conocerse el caso, las obras siguen detenidas y los compradores continúan exigiendo justicia, por lo que el jueves 30 de octubre de 2025 se manifestaron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia, donde fueron atendidos por los magistrados Hernán Vega Burgos y Alan Hernández Conde. 

El caso ha escalado a nivel nacional, pues en marzo pasado llegó hasta Palacio Nacional, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la Secretaría de Gobernación estaría en disposición para atender a los afectados y buscar soluciones.

Otros fraudes inmobiliarios en Yucatán

El caso de Misnébalam no es el único, pues en municipios como Hunucmá, Umán y Kanasín, empresas constructoras prometieron viviendas con crédito de Infonavit que nunca fueron entregadas o que carecen de servicios básicos.

Fraccionamientos como Jerusalén, Zoola, Bosques de Kanasín y Luna Kin encabezan la lista de denuncias más recientes. Las 178 familias afectadas señalan a directamente a las empresas constructoras Sucovisa, Comasa Soluciones y la financiera Yavo Capital. 

El Colegio Notarial de Yucatán alertó que la mayoría de los fraudes se cometen en la preventa, cuando los terrenos aún no están debidamente regularizados. Además, al menos 14 municipios del estado presentan desarrollos irregulares o “fantasma”, donde los supuestos inversionistas no logran escriturar sus lotes o se encuentran con predios ejidales.

¿Por qué crecen los fraudes inmobiliarios en Yucatán?

El “boom” inmobiliario de los últimos años, impulsado por el turismo, la migración y la llegada de capital extranjero, ha disparado el precio del suelo en el estado. Mérida y su zona metropolitana son vistas como zonas seguras y de alta plusvalía, y un terreno fértil para la especulación y los engaños.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Yucatán reconoce que persisten los fraudes, sobre todo en operaciones informales a través de redes sociales y ventas sin intermediarios profesionales.

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Según sus estimaciones, solo 2 % de los afectados llega a denunciar, lo que significa que por cada expediente abierto podrían existir decenas de víctimas silenciosas.

Las autoridades locales y el Colegio Notarial recomiendan verificar que toda empresa inmobiliaria cuente con permisos de desarrollo urbano, escrituras registradas y número de notario. También sugieren desconfiar de precios demasiado bajos o de proyectos que prometen “entregas rápidas” sin documentación formal.

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