La economía del terror en Michoacán: cobro de piso en limones y aguacates
Por:Carlos Rocha
Michoacán es conocida por fuerte producción de productos agrícolas y forestales. como el aguacate, el limón, mango y otros productos.
Tan sólo este año, se estima que las exportaciones de aguacate alcancen el récord de los 4 mil millones de dólares, con más de 2.5 millones de toneladas, de las cuales sólo 300 mil toneladas del producto fueron para satisfacer la demanda del Súper Bowl 2025 en los Estados Unidos.
Sin embargo, los altos niveles de producción no son resultado de una cadena de suministro eficiente y segura; por el contrario, el día a día de los aguacateros y limoneros michoacanos se ha convertido en un campo de batalla donde los campesinos se enfrentan una elección imposible: pagar impuestos al crimen organizado o arriesgar sus vidas.
Los recientes asesinatos de líderes comuneros, agrícolas y un alcalde crítico del gobierno develan la profundidad de una crisis donde el Gobierno del Estado ha brillado más por su ausencia que por sus resultados en el combate a la inseguridad.
Y es que detrás de esta ola de violencia se encuentra una compleja red de grupos criminales que operan en Michoacán.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se estima que en la entidad operan al menos 37 grupos de delincuencia organizada dedicados a la extorsión, cobro de piso, robo, violaciones y asesinatos.
Muertes anunciadas: 4 pesos por kilo de limón
Bernardo Bravo Manríquez fue secuestrado el domingo 19 de octubre pasado y fue encontrado muerto al día siguiente por elementos del Ejército Mexicano.
Tenía 36 años y era presidente de la Asociación de Citricultores en Apatzingán; un día después de su secuestro fue encontrado dentro de su camioneta estacionada en un camino rural, con impactos de bala.
Su crimen, el 20 de octubre, fue un mensaje escalofriante para todos los productores de limón de la región: denunciar la extorsión del crimen organizado se paga con la muerte.
Bravo había sido la voz más prominente contra el cobro de "derecho de piso" que los grupos criminales imponen a los agricultores de Michoacán.
Unos días antes de morir, había convocado una manifestación masiva donde los agricultores tiraron 2 toneladas de limón en las calles para protestar por los bajos precios que recibían por su cosecha, esto en el centro de Morelia. “Si lo quieren regalado, pues ahí está”. La imagen le dio la vuelta al país.
En 2013, su padre, Bernardo Bravo Valencia “El Chiflidos”, fue asesinado en circunstancias muy similares en un salón social de Apatizingán tras haber denunciado extorsiones a los productores limoneros. Y la historia se repitió con su hijo.
¿Cómo se vive la violencia en Apatzingán?
En los campos de Apatzingán, el silencio se ha convertido en una estrategia de supervivencia. Los productores de limón enfrentan un impuesto por parte del crimen organizado de 4 pesos por cada kilo que cosechan, una cuota que ha ido creciendo exponencialmente en poco tiempo y con el surgimiento de nuevos grupos criminales en el territorio.
"Antes nos quitaban diez centavos, o cincuenta centavos en el peor caso, una cuota ligera. Ahora que se hicieron muchos carteles estamos mucho peor", señalan los agricultores a los pocos medios informativos digitales que se atreven a reportear en esta región.
Los productores de limón tuvieron que empezar a abonar una tarifa a dos grupos diferentes; era eso o perder completamente su cosecha.
Solo el año pasado, Michoacán llegó a producir 2.5 millones de toneladas de limón, según informes de la Secretaría de Agricultura federal.
A 4 pesos de cuota por kilo de limón producido, el crimen organizado puede llegar a embolsarse hasta 10 mil millones de pesos solo por esta cuota de extorsión que causa terror a los productores.
La extorsión no se limita al limón. Según reportes, los productores de aguacate enfrentan cobros de 75 mil pesos anuales por hectárea, más un peso adicional por cada kilo que venden. Los transportistas que salen cargados de los campos aguacateros deben pagar 45 mil pesos por vehículo.
Julio Franco, del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, explicó que hay una lógica criminal detrás de esta práctica: "Es más sencillo extorsionar que el negocio de la droga. No necesitas precursores, ni laboratorios, ni cruzarlo por la frontera. Impones el miedo y es productivo".
